• UPYD propugna que las competencias de medio ambiente, patrimonio natural, gestión del agua y gestión del territorio sean exclusivas del Estado, que podrá delegar la gestión a CCAA y ayuntamientos cuando lo aconseje el interés general.
  • UPYD manifiesta su compromiso con la defensa del medio ambiente, tanto el natural como el humano, de nuestro entorno, y de nuestro hábitat de cuya salubridad depende nuestra calidad de vida y que debemos preservar sino mejorar para las generaciones que nos suceden, siendo de especial relevancia la promoción razonable las energías limpias y con las medidas necesarias para hacer frente al Cambio Climático. En particular, se trabajará para reducir la huella de carbono tanto en el sector productivo como en el transporte, para cumplir con los compromisos adquiridos en la cumbre de Marrakech.
  • Una democracia no puede prosperar con un mínimo de dignidad sobre un territorio que no tenga perspectivas ecológicas de futuro. El crecimiento económico debe hacerse de modo compatible con el mantenimiento de un medio ambiente digno para el desarrollo de las personas, y sin pérdida sustancial del patrimonio natural y alta biodiversidad que atesora el territorio español continental e insular. El nivel de calidad exigible al medio ambiente no de variar en función de las CCAA.
  • Se racionalizará la normativa ambiental, y la preventiva en particular, de modo que no se generen situaciones diferenciales para los proyectos, en función de la comunidad autónoma donde se pretendan desarrollar.
  • Se implementarán mayores políticas de protección, conservación y restauración de los hábitats de vida silvestre, desarrollo sostenible de los bosques, el suelo y el paisaje, y aumentar la presión contra los delitos ecológicos incluyendo una lucha activa contra los incendios forestales. Incentivar la reforestación con especies autóctonas y adaptar la jardinería urbana al clima y disponibilidad de agua.
  • Se aumentará la inversión y se dotará de recursos suficientes a los Agentes Forestales y Vigilantes de Medio Ambiente, miembros de la Policía Medioambiental, órganos encargados de proteger y vigilar nuestras zonas verdes y se reformarán sus funciones, haciendo efectivo su carácter de agentes de la autoridad.
  • Se apoyará al Consejo Nacional del Clima en su labor de coordinar las políticas sectoriales y territoriales del Estado y de las diferentes CCAA e instituciones que integran los sectores de desarrollo del país, para afrontar el problema global del cambio climático y aplicar políticas que mitiguen sus efectos.
  • Se establecerá un Plan Nacional Contra el Ruido que incluya disminuir sus fuentes, obligar al establecimiento de redes de medición y al cumplimiento de la normativa europea sobre estas materias.
  • Se elaborará un mapa nacional de riesgos ambientales sobre la salud de la población, que sea dinámico y accesible a la ciudadanía en Internet.
  • Se impulsará el ecoturismo como medida de promoción de las zonas rurales, destacando todos los beneficios de las mismas.
  • Actualmente los animales son tratados como bienes muebles, es decir, como cosas en nuestro ordenamiento jurídico. UPYD propone una nueva figura para ellos, ya que no son cosas sino seres capaces de sentir y de relacionarse con su entorno. Para ello, se impulsará a nivel nacional la creación de una Ley Marco de Protección de Animales Domésticos.
  • UPYD apuesta por una gestión de los residuos basada en la ubicación de plantas de clasificación y tratamiento de los mismos en lugares estratégicos que reduzcan al mínimo las distancias con su foco de generación; plantas eficientes, no contaminantes, respetuosas con el medio ambiente y valorizadas de toda la potencialidad que encierran los residuos sólidos urbanos.
  • Asimismo, aboga por la creación de un Plan Nacional que clasifique todos los residuos de la misma forma para todo el territorio español y, a ser posible, dada la situación comunitaria, coherente con el entorno europeo.
  • Se convertirá al Ministerio de Medio Ambiente en garante de la colaboración entre comunidades autónomas a la hora de reducir los residuos, creándose un Plan Nacional que defina las responsabilidades del Estado y de las CCAA en este ámbito, además de diseñar procedimientos de actuación ante sucesos que afecten a más de una comunidad autónoma.
  • Se aplicarán políticas efectivas 3R en residuos: reducir, reciclar y reutilizar. Se comenzará a hacer desaparecer los vertederos. Dicha desaparición debe darse según el concepto de pirámide del residuo en el siguiente orden de prioridad: reutilización de los materiales que aún tengan utilidad, reciclaje del máximo posible y valorización energética o uso como combustible de aquellos materiales que no puedan ser ni reutilizados ni reciclados y, en último lugar y si no se puede realizar ninguna de las anteriores acciones, la disposición final de los materiales realizada desde la perspectiva más respetuosa con el medio ambiente.
  • UPYD defiende una economía verde que posibilite la sostenibilidad del medio ambiente a largo plazo, siendo necesario para ello incentivar la innovación en el campo de las energías renovables, con la finalidad de reducir sus costes operativos y mejorar su eficiencia, basada en: 
    • Introducción de medidas de ahorro, en el ámbito del transporte o la vivienda, que primen un uso eficiente de la energía.
    • Inversión en rehabilitación de viviendas, con especial atención a la implantación de sistemas eficientes de consumo de energía contadores ‘inteligentes’ y ahorro —aislamientos térmicos—.
    • Desarrollo de sistemas de autoconsumo con balance neto —producción doméstica de energía con vertido del excedente eléctrico a la red—, que contará con un trato fiscal equitativo y no penalizador, derogando el conocido como Impuesto al Sol.
  • Se eliminarán los incentivos al uso de tecnologías con altas emisiones de partículas y se apoyarán aquellas medidas dirigidas a incentivar el consumo de bienes y servicios que favorezcan la utilización de energías limpias. Para ello, se implementarán políticas energéticas que conduzcan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en cumplimiento de los objetivos fijados internacionalmente, y a recortar la factura económica que España debe asumir por sus emisiones de CO2.
  • Se apoyará, mediante exención de tasas, a los vehículos híbridos de bajo consumo y eléctricos, estableciendo para estos últimos un plan de desarrollo de puntos de conexión rápida por toda España, liberalizando la venta de energía.
  • Se articularán fórmulas de apoyo financiero a los municipios que adopten medidas centradas en la limitación de la circulación de automóviles y elaboren Planes de Movilidad Sostenible ambiciosos que apuesten por el transporte público y la bicicleta. Asimismo, se impulsará la implantación de servicios móviles que salven las distancias entre pueblos.
  • Se establecerá un mecanismo de bono social para la bombona de butano que garantice el acceso a esta fuente de energía básica a los colectivos más desfavorecidos.
  • UPYD asumirá el cuidado del paisaje y la custodia del rico patrimonio natural de España como un compromiso de nuestra sociedad y las generaciones futuras, a la vez que expresión solidaria de sostenibilidad con todo el planeta.
  • Se revisarán los compromisos adquiridos por España en convenios internacionales en materia de conservación de la naturaleza y la biodiversidad, reformando la normativa según sea necesario para adaptarla a las exigencias presentes, y descartando aquella que ha quedado obsoleta y solo añade complicación a la gestión del patrimonio natural.
  • Se racionalizará, unificará y analizará el sistema de protección de especies y hábitats amenazados con base en criterios de riesgo, operatividad e impacto social y económico, evitando la protección arbitraria o no justificada, por las repercusiones que tiene sobre el desarrollo socioeconómico de las regiones donde habitan estas especies. Asimismo, se racionalizará y unificará el sistema de áreas protegidas terrestres y marítimas, y sus sistemas e instrumentos de protección y gestión.
  • Se implementará la monitorización ecológica del medio terrestre y del marino en el marco de las políticas europeas sobre patrimonio natural, calidad de las aguas, y de la estrategia marina.
  • Se desarrollará la normativa de control y de prevención de entrada de especies exóticas invasoras, con particular atención a los territorios más frágiles ecológicamente.
  • Se fomentará la capacitación técnica de los responsables de la gestión del patrimonio natural y la biodiversidad, para evitar su adulteración bajo planteamientos ecologistas maximalistas ajenos al respeto democrático.
  • Se priorizará en todo el Estado la ordenación de los recursos naturales como criterio orientador de la planificación territorial y se supeditará el urbanismo a ella. En ese sentido, se evitará la ocupación de territorios naturales para ubicar usos que puedan encajar en zonas ya alteradas y en desuso.
  • Se reformará la Ley de Montes, eliminando la posibilidad de que terrenos quemados puedan ser recalificados.
  • Se modificará la Ley de Costas para blindar el carácter demanial del Dominio Público Marítimo Terrestre y garantizar la seguridad jurídica de los afectados.
  • UPYD elaborará un nuevo Plan Hidrológico Nacional adaptado plenamente a la Directiva del Agua, que garantice la protección uniforme de las aguas y su mejor aprovechamiento, con decisiones racionales sobre trasvases, desaladoras y otras obras hidráulicas necesarias, preservando la cobertura de las necesidades a largo plazo.
  • Se reducirá el IVA del agua del 21 al 10%. No obstante, se penalizarán mediante un sistema tarifario o certificaciones de balances hídricos los consumos desproporcionados y no básicos de agua.
  • Se fomentará y coordinará la recogida y sistematización regular de datos sobre el medio ambiente, el patrimonio natural y el territorio de cara a permitir una toma de decisión informada en cuestiones de recursos naturales y sus usos.
  • Se regulará la obligación de depositar en repositorios públicos digitales los datos medioambientales y sobre el patrimonio natural y biodiversidad que hayan sido obtenidos con fondos públicos, quedando accesibles a la ciudadanía. Además se facilitará a los ciudadanos una ventanilla única para conocer de manera integrada las restricciones ambientales, urbanísticas y de protección de la naturaleza que afectan a cualquier tipo de parcela.
  • Se obligará a que los documentos instrumentales de las políticas ambientales, territoriales y de patrimonio se inicien con un resumen ejecutivo sintético comprensible a la generalidad de la ciudadanía y a la clase política.