• UPYD tiene como prioridad la recuperación por parte del Estado de la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia con el fin de facilitar la homogeneidad de la estructura, coordinación y conexión entre todos los juzgados y tribunales españoles, y reducir el enorme gasto que ha producido la transferencia a las Comunidades Autónomas.
  • Es preciso aumentar la inversión con el fin de aproximarnos a la media europea tanto en presupuesto como en el número de jueces por habitante y conseguir reducir los dilatados plazos de resolución de asuntos. Además, se reforzarán los medios para la efectiva ejecución de resoluciones judiciales con el fin de lograr la satisfacción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Para ello es necesario optimizar los recursos existentes de averiguación patrimonial y establecer mecanismos de supervisión de los trámites efectuados por el personal responsable de la ejecución.
  • Se anularán las Tasas Judiciales que siguen vigentes para las organizaciones sin ánimo de lucro y de cualquier otra tasa que impide u obstaculice el acceso de los ciudadanos a la Justicia.
  • Se instaurará la prisión permanente revisable para delitos de violación y delitos contra la vida.
  • Se repondrá el Principio de Justicia o Jurisdicción Universal, que España limitó en 2009 y perdió prácticamente en su totalidad en 2014 tras las modificaciones de la LOPJ, derogando para ello la modificación que introduce, en el artículo 23, la Ley Orgánica 1/2014 sobre la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985.
  • Se derogará cualquier tipo de Ley de punto final en procedimientos penales y modificación sustancial de leyes limitativas de Derechos, como la Ley de Seguridad Ciudadana.
  • Se derogará la Doctrina Botín para que cualquier ciudadano o entidad puedan ejercer libremente la acusación plena en procesos penales.
  • Se modificará el Código Penal para poder inhabilitar o suspender automáticamente a los cargos públicos y representantes democráticamente elegidos que incumplan deliberadamente las resoluciones judiciales firmes o que, mediante cualquier publicación o declaración pública, se opongan a la observancia de las Leyes y de las resoluciones judiciales o inciten a su incumplimiento. Además, se recuperará el delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum.
  • Se derogará la LO 12/2011, que modifica la LOPJ y permite que los jueces, fiscales y secretarios judiciales con cargos públicos puedan retornar en el futuro a su carrera sin perder antigüedad y con el privilegio de tener preferencia a la hora de elegir destino.
  • UPYD defiende la simplificación y clarificación legislativa, garantizando en todo caso el mantenimiento de los derechos fundamentales. Sobre la base del principio Leyes, pocas, claras y obligatorias, se recuperará la Seguridad Jurídica y se derogarán aquellas leyes que recorten o pongan en peligro derechos fundamentales, como la Ley de Seguridad Ciudadana, y todas las normas de carácter ambiguo o contradictorio que han convertido la legislación en un caos.
  • Por ello, se derogará la normativa procesal que, bajo términos como “agilización” o “modernización”, suponga una restricción al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al suprimir o reducir la posibilidad de recurrir en apelación o casación, con la consiguiente inseguridad jurídica derivada de disparidad de criterios, incluso en la misma provincia, y el consiguiente incremento de la litigiosidad. En ese sentido, se modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil para fortalecer los títulos ejecutivos como medio de aligerar los procedimientos y evitar la fase declarativa en muchos supuestos no justificados, extendiendo el carácter ejecutivo de la escritura pública en la línea seguida por los países de nuestro entorno.
  • Asimismo, se impondrán las multas en casos de actuaciones judiciales realizadas con mala fe procesal o ánimo dilatorio, o que impliquen una indebida utilización de recursos de la Administración de Justicia.
  • UPYD promoverá la instauración de la prisión permanente revisable para delitos de terrorismo y exigirá el cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas presos. Para su reinserción en los términos previstos por la ley deberán romper con su banda, solicitar perdón a sus víctimas reparando en lo posible el daño causado, y colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos en los que estuvieron implicados y sobre los que tuvieran información relevante.
  • Además, se impedirá la presencia en las instituciones democráticas de organizaciones herederas de Batasuna comprometidas con la consecución política de los fines terroristas que vulneren la Ley de Partidos Políticos.
  • UPYD impulsará la proclamación de un Día de la Memoria de las víctimas del terrorismo de ETA, de carácter nacional, como forma de evitar que tales crímenes puedan ser olvidados y evitar así que nunca más puedan volver a repetirse; lo que incluirá promover las medidas necesarias para la inclusión del relato de los crímenes perpetrados por ETA en el material didáctico de todos los niveles de enseñanza.
  • Se propondrá, en el ámbito del Derecho Internacional, el reconocimiento de los crímenes cometidos por ETA como crímenes contra la humanidad y actos de genocidio, y cuyo enjuiciamiento y reglas de prescripción responda a la normativa internacional para ellos aplicable, así como la penalización del negacionismo de cualquier genocidio o crimen terrorista, tal y como ocurre en nuestro país con aquellos partidos políticos o asociaciones afines a la banda terrorista ETA que habitualmente utilizan expresiones como presos políticos o violencia política para referirse a los miembros o a la actividad de la citada banda terrorista, como si sus crímenes no hubieran existido.
  • Es imperativo impulsar en el ámbito de las Naciones Unidas la adopción de un Convenio Global contra el Terrorismo