• Se reformará el marco institucional de la UE, modificando aspectos sustanciales, mejorando la representatividad democrática y reduciendo la burocracia para agilizar sus procesos:
  • España impulsará decididamente, como actor europeo, una efectiva integración política europea, que convierta las Instituciones en los órganos de un auténtico gobierno europeo, así como la Unión Fiscal y la Unión Bancaria.
  • UPYD apuesta por el europeísmo y por un modelo de Europa federal, en el que los estados compartan la soberanía con la Unión, y que garantice los valores democráticos y de respeto a los derechos ciudadanos que inspiraron su creación, rechazando los populismos de cualquier signo, el secesionismo y la ruptura del proyecto europeo, el racismo y la xenofobia.
    • Supresión del Consejo Europeo, para mantener la estructura original de Comisión, Parlamento y Consejo.
    • Reforma de la Comisión para que su presidente sea elegido directamente por los ciudadanos.
    • Continuación del proceso de fortalecimiento del Parlamento, órgano de representación del interés ciudadano, otorgándole iniciativa legislativa.
    • Simplificación del proceso legislativo, que actualmente se prolonga durante años, reduciendo las actuales tres lecturas a dos, mejorando asimismo la participación ciudadana en dicho proceso.
    • Adopción de las medidas necesarias para favorecer la armonización de las materias sujetas a competencia compartida.
    • Aplicación del principio de subsidiariedad de acuerdo al espíritu europeísta y federal.
  • En materia económica y fiscal, se equiparará el principio de desarrollo económico con el de estabilidad presupuestaria. Se impulsará el Plan Junker y la inversión en sectores de alto valor añadido, y se mejorará en la eficacia de los fondos de desarrollo. Se promoverá la armonización fiscal, tanto en materia de déficit como impositiva, evitando el dumping fiscal. Tras la equiparación los niveles de déficit y deuda de los Estados miembros, se iniciará un proceso de mutualización de deuda soberana en toda la UE. Además, se coordinará la información y se implantarán políticas antifraude
  • Se aumentará el control por parte del Parlamento Europeo sobre el Banco Central Europeo (BCE), otorgando derecho a voto al Presidente del Consejo — mientras éste exista— y al miembro de la Comisión que asisten a las reuniones. El objetivo del BCE de prestar apoyo a las políticas económicas generales de la Unión estará en pie de igualdad con el objetivo de mantener la estabilidad de los precios.
  • UPYD defiende la construcción de una Unión Europea más social, articulada a través de la Ciudadanía Europea. Este estatus será paralelo a la nacionalidad de cada estado, y comprenderá un catálogo de derechos que los estados no podrán reducir sin causa justificada. Se unificarán criterios en materias de seguridad social y sanidad, para evitar el turismo sanitario.
  • Se respetará la diversidad en la UE, condenando y persiguiendo la discriminación por razón de género, orientación sexual, etnia, religión o cualquier otra, ya sea ejercida por un estado o por un particular. En este sentido, se impulsará la puesta en marcha de políticas de sensibilización de la población europea y de inserción de la población inmigrante.
  • Se establecerá la obligación de todos los miembros de la UE a la protección y al respeto de sus fronteras interiores y a la integridad territorial de los Estados miembros, incluyendo el reconocimiento de no alteración de las fronteras en procesos de secesión o independencia unilateral.
  • Se defenderá la expulsión inmediata de la UE de cualquier territorio que se segregue o independice unilateralmente de cualquier Estado Miembro.
  • UPYD impulsará a nivel europeo una política migratoria común, en el marco de una política exterior europea igualmente común, con el restablecimiento de la normativa del Espacio Schengen, cancelando las excepciones de algunos Estados miembros, y con una Carta Europea de los derechos de los inmigrantes comunitarios, sincronizando entre tanto las diferentes legislaciones nacionales, asegurando la cooperación entre Estados miembros
  • Se respetará el derecho internacional y humanitario en lo referente a la acogida de refugiados, delimitando a quién es aplicable ese estatus, comprometiéndose todos los Estados miembros a respetar las decisiones de la Comisión en este ámbito y aplicándose sanciones disuasorias a aquellos que no cumplan sus obligaciones en materia de derecho al asilo.
  • Se luchará contra las mafias de la inmigración ilegal, fortaleciendo la cooperación entre las instituciones europeas dedicadas a la lucha contra el crimen organizado, tales como EUROPOL o INTERPOL, reduciendo la descoordinación entre los Estados miembros, reforzando los medios humanos y materiales destinados a la lucha contra las organizaciones de trata de seres humanos, y endureciendo las penas por dichos delitos.
  • El compromiso de combatir la inmigración ilegal y las mafias que de ella se benefician se mostrará especialmente mediante colaboraciones con los países del Tercer Mundo, cuando sea posible, con el objeto de mejorar sus condiciones económicas y sociales.
  • Para ello, se entablarán relaciones de cooperación operativa sólo con terceros países que respeten los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas o inmigrantes. La UE y sus Estados miembros deben suspender la aplicación de todo acuerdo de control de la migración que prevea el retorno a países donde la persona esté expuesta a sufrir violaciones de derechos humanos o no tengan acceso a protección efectiva, o que tenga por objeto impedir la salida de esos países de nacionales de terceros países.
  • UPYD defiende establecer los Derechos Humanos como requisito para el mantenimiento de políticas de cooperación con los gobiernos. El objetivo principal de estas políticas será el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo final será la erradicación de la pobreza en todas sus formas y en todas sus partes.
  • Se establecerá un compromiso firme para destinar progresivamente el 0,7% del PIB a la cooperación al desarrollo. En esa línea, se implementará un sistema de concesión de ayudas públicas a las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) basado en la transparencia.

Políticas generales

  • UPYD defenderá los Acuerdos de Libre Comercio cuando estos no rebajen el Estado de Bienestar de los europeos o los estándares de calidad que nos hemos dado para el consumo, o cuando estos limiten o desprotejan los derechos de ciudadanos y trabajadores europeos. Los Acuerdos de Libre Comercio que serán defendidos por UPYD son aquellos entendidos como acuerdos sumatorios dentro de una sinergia positiva, es decir, aquellos que traigan beneficios a los propios ciudadanos europeos y a la economía europea. Tales Acuerdos de Libre Comercio tienen que darse a conocer a los propios ciudadanos europeos para que puedan ser evaluados.
  • En el caso concreto del TTIP, UPYD sólo sería favorable si tal acuerdo, en caso de producirse, respeta cuestiones tan relevantes como la calidad de los servicios públicos, la industria agroalimentaria, la energía o la protección laboral y del medio ambiente o sanitaria; si supone una vulneración de derechos ciudadanos, contará con su oposición.
  • UPYD impulsará un Pacto de Estado que evite las modificaciones de política exterior cuando cambien los gobiernos, que deberá asumir la defensa de los valores democráticos y de los Derechos Humanos, el cumplimiento de las Resoluciones de la ONU y la defensa de los ciudadanos, de los intereses nacionales y el desarrollo de la diplomacia multilateral, como principios rectores de las relaciones internacionales de España. Se exigirá activamente del respeto del principio de no discriminación por la orientación sexual a los países que segregan, encarcelan y ejecutan a personas por su orientación sexual o identidad de género, que deben considerarse graves vulneraciones de los Derechos Humanos.
  • En el seno de la UE, UPYD aboga por el fortalecimiento de la Política Exterior y de Seguridad Común, dándole una verdadera dimensión comunitaria y subordinando a ella la política de cada estado. Se impulsará la figura del Alto Representante de la Unión, que deberá ejercer con exclusividad las competencias que así le asignen los Tratados. Se incrementará la cooperación en materia de vigilancia fronteriza y seguridad, destinando más medios a las agencias europeas implicadas, y avanzando hacia la creación de un ejército común europeo. Se cambiará el mandato de Frontex y su conversión en una Agencia Europea, dotándolo de equipo y material propio.
  • Se promoverá la remodelación de la Organización de las Naciones Unidas, en especial en lo que se refiere al Consejo de Seguridad. En este sentido, debe apostarse decididamente para que la UE tenga un asiento permanente en ese órgano, complementario al de otros socios europeos.

Gibraltar, Portugal e Iberoamérica

  • Gibraltar es un objetivo irrenunciable de nuestra política exterior. El Gobierno de España debe abrir un diálogo efectivo sobre su soberanía con Gran Bretaña, la intervención de Naciones Unidas y la Unión Europea, de modo que, a medio plazo, se encuentre una solución.
  • UPYD reclamará al Gobierno un apoyo activo a las oposiciones democráticas que luchan en sus respectivos países por instaurar un régimen democrático, tanto en las instituciones y foros internacionales como ante la propia Administración del país en cuestión. Esto debe hacerse efectivo en los casos de Venezuela y de Cuba. En este último estado, el Gobierno de España debe defender la instauración de un sistema democrático, tanto en las instituciones y foros internacionales como ante la Administración cubana, recuperando su papel relevante como expotencia y como vínculo entre el pueblo español y el cubano.
  • Nuestro país debe reforzar las relaciones y los lazos con Portugal. España y Portugal deben ser, de modo coordinado, los interlocutores privilegiados y principales entre la Unión Europea e Iberoamérica, además de jugar un papel activo en todos los procesos de transición democrática que se desarrollen en la zona.

El conflicto del Sáhara Occidental

  • UPYD tiene como prioridad el conflicto del Sáhara Occidental. España asumirá un papel más activo en la búsqueda de una solución al conflicto, apoyando al pueblo saharaui en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, reclamando a Marruecos el cumplimiento íntegro de las Resoluciones de la ONU en la materia y estudiando la posibilidad de participar directamente en la MINURSO si el Consejo de Seguridad de la ONU lo creyera conveniente.
  • El Gobierno de España debe impulsar, en sus relaciones bilaterales y en los distintos foros internacionales, el respeto y la protección activa de los Derechos Humanos por todas las partes en el conflicto del Sáhara Occidental, tanto en los territorios ocupados como en los llamados territorios liberados y en los campamentos de refugiados. En este sentido, España debe defender la libre circulación desde los campamentos de refugiados y dentro del territorio, actualmente dividido por el muro y en el que algunas familias llevan físicamente separadas varias décadas, respaldando las labores de desminado y desmilitarización del muro, con vistas a su demolición definitiva.
  • El Gobierno de España deberá reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática si el pueblo saharaui decide constituirse en Estado, una vez reúna los requisitos de soberanía que exige el derecho internacional.
  • Asimismo, el Gobierno de España adoptará medidas que terminen con la discriminación actualmente existente con los nacidos en el Sáhara Occidental mientras éste era territorio español, y sus descendientes, respecto a otros colectivos, agilizándose los trámites de las solicitudes de nacionalidad actualmente en curso. Además, se hará extensivo a los saharauis el plazo de dos años para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y se propondrá a las Cortes Generales una ley que permita otorgarles la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza.

África y Oriente Próximo y Medio

  • Respecto al conflicto Árabe-Israelí, UPYD defiende el establecimiento de dos estados para dos pueblos, atendiendo al derecho internacional y estableciendo fronteras reconocidas internacionalmente cuyo diseño se base en los acuerdos internacionales existentes hasta el momento.
  • En esta línea, el Gobierno de España y la UE exigirán al Estado de Israel el respeto a los Derechos humanos del pueblo palestino, y en especial su libertad ambulatoria y reagrupación familiar, su acceso al agua, electricidad y servicios básicos y su derecho a la propiedad privada y al trabajo.
  • Se reconocerá el derecho del pueblo palestino a un Estado propio viable, en paz y sobre la base de las fronteras anteriormente descritas, y se rechazará la construcción de asentamientos israelíes en territorio asignado a Palestina.
  • Por otra parte, el Gobierno de España y la UE exigirán a la Autoridad Palestina y a los diferentes dirigentes palestinos el reconocimiento al Estado de Israel y su existencia pacífica, y el respeto los Derechos Humanos del pueblo israelí. A tal efecto, la Autoridad Palestina y los diferentes dirigentes palestinos condenarán e impedirán el fomento del terrorismo, persiguiéndolo de acuerdo con la ley.
  • Se defenderá la implantación de regímenes democráticos en todo el mundo, y en concreto en el mundo árabe, sin resignarse a la falsa dicotomía de tener que elegir entre dictaduras militares o islamismo radical. Se apoyarán los movimientos surgidos de las primaveras árabes cuyo objetivo sea el de democratizar pacíficamente la sociedad.
  • Se establecerá un compromiso con la democracia, la libertad y la paz en Siria.
  • Conscientes del riesgo que el autodenominado Estado Islámico o DAESH supone para todos los derechos y valores democráticos, UPYD exigirá que todos los países y organizaciones coordinen la acción militar y la presión económica necesarias para su total desaparición. Se reclamará la imposición de sanciones a los países que prestan ayuda de cualquier tipo a los terroristas, al margen de intereses económicos, comerciales o energéticos.
  • El Gobierno de España ayudará la evolución de Guinea Ecuatorial hacia un régimen verdaderamente libre y representativo, y control eficaz de la cooperación al desarrollo con ese país, evitando potenciar la corrupción tanto en la cooperación pública como en los contratos privados.
  • UPYD apostará por la implantación de un Plan de Acción Conjunta que realice el estudio para proceder a iniciar la integración bajo un mismo mando, no solo las operaciones que desarrollen nuestras Fuerzas Armadas dentro y fuera del territorio nacional sino también la logística y la gestión del personal de los tres ejércitos y Cuerpos Comunes, de manera que, en un futuro, los tres ejércitos que actualmente conocemos pasen a ser armas de uno mismo con unidades que puedan prestar servicios en cualquiera de ellas.
  • En todo caso, UPYD ve necesaria una revisión y modificación de la Ley de la Carrera Militar para ajustarla a la realidad de nuestros Ejércitos.
  • En este sentido, se modificará la Ley de Tropa y Marinería para desarrollar una carrera militar digna para esos profesionales, asegurando el futuro dentro de las Fuerzas Armadas de los soldados y marineros que cumplen los 45 años. Además, se examinará el Reglamento y Régimen de los Reservistas de las Fuerzas Armadas para un mejor desarrollo y potenciación de dicho colectivo.
  • Se mejorará la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, mediante un diseño adecuado de la jornada laboral, los permisos, licencias, vivienda, centros de enseñanza, destinos por consorte, situaciones de desplazamiento por maniobra y a misiones internacionales, así como en los núcleos de vida dentro de las bases o acuartelamientos, donde la actividad militar no debe interferir la vida personal fuera de servicio.
  • Se homologarán las retribuciones de los profesionales de las Fuerzas Armadas con las de técnicos comparables de la Función Pública del Estado. Se retribuirán de forma justa los servicios extraordinarios y los prestados en misiones de seguridad ciudadana y antiterrorista.
  • Se desarrollará la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que equipare con equidad y justicia, dentro de las propias especificidades del personal militar, a estos profesionales con cualquier otro de la administración del Estado, homologando el Código Penal Militar con el Código Penal en aquellos artículos y procedimientos que puedan implicar discriminación injustificada o menoscabo de los derechos constitucionales.
  • La Justicia Militar se integrará en el Poder Judicial, tanto de los jueces y magistrados como de sus tribunales. Se prestará asesoría jurídica independiente para los miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente para las clases de tropa.
  • Se avanzará en la mejora del protocolo de actuación contra el acoso sexual y laboral en las Fuerzas Armadas destinado a proteger a la víctima y a establecer los mecanismos de garantías necesarios.
  • Los miembros de las Fuerzas Armadas podrán libremente asociarse en asociaciones profesionales para la defensa de sus intereses profesionales en el Consejo de Personal con las Asociaciones Profesionales, sin perjuicio de que en su tiempo libre apoyen a asociaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. El número de estas asociaciones no podrá limitarse y tendrán derecho a acudir por medio de dos representantes cada a la Mesa de Negociación del Consejo de Personal que será un órgano paritario Administración de Defensa Asociaciones Profesionales de Militares. Todo ello sin perjuicio de las negociaciones permitidas al personal civil en defensa de sus intereses que trabaje para Defensa.
  • Los miembros de las Fuerzas Armadas mantendrán su neutralidad política. No obstante, se revisará la prohibición de que militen en asociaciones y formaciones políticas, para amoldarla a la normativa que rige a los demás profesionales de la administración del Estado.
  • Se realizará una dotación adecuada de equipos y medios materiales para que las Fuerzas Armadas puedan desempeñar debidamente, en buenas condiciones de seguridad, las misiones que se les encomiendan cumpliendo los estándares exigidos por la OTAN.
  • Se reforzarán las unidades dedicadas a la protección de la Ciberdefensa.
  • Se analizará y estudiará la creación de un sistema de defensa europeo.
  • Se realizará una auditoría de los Programas Especiales de Armamento para conocer al detalle la utilidad y necesidad de cada programa, llevándose a cabo las adaptaciones que fueran necesarias.
  • A nivel internacional, se establecerán controles efectivos de la industria armamentística, para garantizar que ningún país suministre armamento a otros países donde pueda ser usado para alimentar conflictos bélicos o cometer violaciones de los derechos humanos. Asimismo, se abogará por que la industria armamentística española rinda cuentas a la sociedad sobre los países a los que se exportan armas de fabricación española.
  • Como territorio nacional que es, el Gobierno de España exigirá a la OTAN la extensión y reconocimiento explícito de su cobertura defensiva a las ciudades de Ceuta y Melilla.