• UPYD se opone contundente a los recortes sociales y apoya el fortalecimiento de las políticas sociales y el Estado del Bienestar. Mediante políticas de ahorro en el derroche en las Administraciones Públicas, la implantación de políticas fiscales equitativas y suficientes, la lucha contra la corrupción y la lucha contra la economía sumergida, se fortalecerán las políticas sociales y el Estado del Bienestar.
  • España, al igual que el resto de países europeos, está experimentando desde hace años una profunda transformación demográfica que supone la metamorfosis de la conocida pirámide de población en una pirámide invertida. Para poner remedio este problema de gran magnitud, es necesario abordar medidas esencialmente por la vía de ingresos —cotizaciones a la Seguridad Social), aunque también será necesario acometer una revisión de los gastos (abono de las pensiones—. Así pues, la política que defiende UPYD tiene un doble objetivo: por una parte, poner fin a una situación de déficit recurrente de la Seguridad Social y, por otra, dotar a nuestro sistema público de pensiones de estabilidad, sostenibilidad y viabilidad.
  • Para lograr los objetivos anteriormente señalados, serán necesarias medidas encaminadas a amortizar gradualmente las jubilaciones anticipadas estableciéndose un modelo en el que la pensión venga determinada por las contribuciones realizadas, estudiar la financiación mediante impuestos de, al menos, las pensiones de naturaleza no contributiva —viudedad, orfandad, maternidad, paternidad, riesgos durante el embarazo…— e incentivar la prolongación de la vida laboral.
  • Por ello, debe defenderse y mejorarse el actual Sistema Público de Pensiones e impulsar reformas que busquen su fortalecimiento en el marco del Pacto de Toledo, asegurando su sostenibilidad económica y su carácter público frente a intentos de privatización que veremos en los próximos años.
  • Asimismo, debe culminarse la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, de forma que se clarifique y visualice correctamente la situación financiera y patrimonial de la Seguridad Social, de manera que todas las prestaciones no contributivas sean financiadas mediante impuestos. Además, se determinará cuál es el uso que debe darse al Fondo de Reserva.
  • También debe acometerse una revisión de las prestaciones que cubre el sistema: eliminar el auxilio por defunción, reformar e incrementar orfandad y viudedad, reforzar las ayudas familiares ligadas a políticas de natalidad por el problema demográfico.
  • Se regulará de forma flexible la edad de jubilación, incentivando adecuadamente la prolongación voluntaria de la vida laboral, analizando la posibilidad de introducir progresivamente el total de la vida laboral para el cálculo de la pensión y permitiendo a todos los trabajadores que hayan superado el periodo de cotización necesario para el 100% de su pensión utilizar la suma de todas las cotizaciones de su vida laboral para el cálculo de la base reguladora.
  • Se posibilitará la jubilación anticipada a partir de los 60 años cuando se hayan alcanzado los 40 años de cotización, con los descuentos pertinentes sobre la que hubiera correspondido según los años que faltaran hasta la jubilación que correspondiera por edad.
  • Se permitirá el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de las personas discapacitadas en cualquier momento de su vida, evitando la incertidumbre a los padres de hijos con alguna discapacidad que no hubieran podido trabajar y no hubiesen cotizado de saber si, cuando ellos mueran, el hijo va a tener derecho a una pensión de orfandad vitalicia.
  • Se evitará cualquier doble imposición sobre las pensiones extranjeras de los emigrantes retornados.
  • UPYD aboga por la aprobación de un marco normativo sobre Rentas Mínimas de Inserción para convertir el actual agregado de Programas y Leyes Autonómicas de Rentas Mínimas en un Sistema coordinado y homologable en todo el territorio español. El Estado coordinará a las Comunidades Autónomas para que los requisitos de admisión, duración y cuantía sean similares en toda España y garanticen una renta mínima de subsistencia. Asimismo, se mejorará el sistema de cobertura para aquellos trabajadores que agoten sus prestaciones y subsidios de desempleo.
  • Se invertirá en programas y cursos dirigidos a la formación y a la ayuda en la búsqueda de un nuevo empleo a los parados, con especial atención a los de larga duración. Éstos se adaptarán, en la medida de lo posible, a las necesidades individuales de los desempleados y de las empresas contratantes, siendo obligatorios para aquellos desempleados que perciben prestación por desempleo. Se mejorará la coordinación de los servicios públicos de empleo, garantizando la posibilidad de que un desempleado pueda participar en actividades de formación de Comunidades Autónomas distintas a las de su lugar de empadronamiento.
  • Se promoverá una revisión extraordinaria de los expedientes de los cursos de formación para empleados y parados en todas las Comunidades Autónomas. Se prohibirá la subcontratación de las acciones formativas. En todo proceso de adjudicación de subvenciones solo deben participar técnicos de las administraciones, como garantía de objetividad en el reparto de los fondos públicos.
  • Se trabajará para erradicar la cesión ilegal de trabajadores y eliminar la posibilidad de subcontratación en casos en los que la necesidad de ésta no esté debidamente justificada y no pueda ser cubierta por contratos creados para tal fin.
  • Se incrementará el control de la incapacidad laboral para evitar el absentismo injustificado, potenciando la lucha contra la economía sumergida y el cumplimiento de la legislación laboral, y el número de Inspectores de Trabajo.
  • Se elaborará una Ley de Huelga que termine con el vacío legislativo actualmente existente con el objeto de disponer de una ley moderna que ponga fin al arbitrio gubernamental.
  • UPYD impulsará un Pacto de Estado por la Infancia, para consensuar políticas y acciones que eliminen los riesgos de pobreza y exclusión, aleccionamiento en el odio en la educación e instrumentalización de la infancia y eviten la desigualdad de inversión en la infancia dependiendo de la Comunidad Autónoma donde residan.
  • Se fomentarán medidas específicas de prevención y sanción de la violencia contra los menores, siendo el aleccionamiento en el odio, el desconocimiento del vecino y a una lengua franca uno de los más graves.
  • Bajo la premisa de equidad educativa, UPYD certificará la igualdad de condiciones y oportunidades del acceso de los niños a la educación: libros de texto, material escolar, atención, transporte y alimentación adecuados parar todos, incluyendo comedores escolares, garantizados por las administraciones públicas, y preferentemente a todos aquellos que tengan peligro su acceso por falta de renta.
  • Los centros públicos de atención a menores serán por norma general de gestión directa por parte del Estado, y excepcionalmente se permitirá la externalización de la gestión en el caso de asociaciones que hayan demostrado excelencia en su gestión.
  • Se mejorará el sistema de Acogimiento Familiar de Menores armonizando la normativa de las CCAA en la materia en pro del interés superior del menor, con un sistema único de información de acogimientos o adopciones para todo el territorio nacional, con el fin de evitar la pérdida del vínculo familiar entre hermanos en procesos de acogimiento o adopción en distintas CCAA.
  • Se establecerán nuevos convenios bilaterales de adopción con terceros países así como la simplificación y aceleración de los trámites de adopción.
  • UPYD modificará la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para situarla dentro de las competencias del Estado en materia de Seguridad Social, con el fin de asegurar una igualdad y equidad mínimas y la existencia de un único Sistema. Los Servicios Sociales y de
  • Atención a la Dependencia serán competencia sobre todo de los ayuntamientos.
  • Asimismo, se fomentará la atención familiar de los mayores redefiniendo el concepto de “familiar a cargo” y el régimen de deducciones fiscales y ayudas en general, con la creación de plazas residenciales públicas y ampliación de la cobertura de centros de día, atención domiciliaria y teleasistencia. Tanto en el caso de personas mayores como de personas dependientes con diversidad funcional se elaborará un Plan de Permanencia en el Entorno que, con especial relevancia en el ámbito rural, facilite los recursos y servicios para que, en la medida de lo posible, las personas puedan permanecer en el mismo en caso de desaparición de la red familiar o de cuidado.
  • UPYD defenderá el reconocimiento de la situación de las personas mayores convertidas en pilar económico familiar, acogiendo en su vivienda a hijos y nietos sin ingresos.
  • Se elaborará un Plan Nacional de prevención y sensibilización contra la exclusión social. Asimismo, se implantará un Plan Nacional de Aprovechamiento de Alimentos.
  • Se implantará progresivamente una Renta Básica Vital para personas en situación de vulnerabilidad o desempleados mayores de 55 años de larga duración cuyo importe, de carácter nacional, garantizará los recursos necesarios para el desarrollo de una vida digna.
  • En el caso de las personas con diversidad funcional, se promoverán cuantas medidas sean necesarias para facilitar un buen desarrollo en todos los ámbitos de su vida personal y laboral. Aparte de la prestación mínima que reciben, esta cantidad deberá aumentarse si la persona requiere de algún tratamiento o medicamento no incluido en el paquete que cubra la administración correspondiente. Además, las empresas contratadas por la Administración Pública deben estar obligadas a cumplir el requisito de un mínimo de personas con diversidad funcional.
  • UPYD mejorará la integración social de los inmigrantes y sus familias con la creación de un Servicio Nacional de Integración de los Inmigrantes, prestándose especial atención a los refugiados.
  • Se invertirá en protocolos de buenas prácticas para la integración de los refugiados en las sociedades de acogida. Se facilitará la reunificación familiar de personas refugiadas con familiares en el extranjero, posibilitando un permiso de trabajo mientras dura el procedimiento.
  • Se reconocerá el derecho a la residencia a los cónyuges e hijos de los extranjeros fallecidos en accidentes de trabajo.
  • Es necesaria una revisión de la Ley de Extranjería, que se centre en la efectiva integración de los inmigrantes extracomunitarios y reduciendo al máximo las trabas burocráticas en las gestiones de los permisos de residencia y trabajo.
  • Se reenfocarán los Centros de Internamiento, desarrollando todas las medidas de control posibles para hacer cumplir lo dictado en la Ley de Extranjería, promoviendo el acceso a los Centros de asociaciones especializadas en atención a los inmigrantes, cumpliendo los límites relativos al número de internados en dichos centros, y regulando el acceso a las familias y la comunicación de los internados con el exterior.
  • UPYD aboga por un Pacto político y social para combatir las violencias de género e intrafamiliar.
  • Se desarrollará una nueva Ley contra la Violencia de Género contra las Mujeres como apunta la Unión Europea. Por un lado, la violencia ejercida en el seno de la familia, con importancia primordial, pero no exclusiva, de la violencia ejercida por cónyuges o ex cónyuges y otras formas de violencia: selección prenatal, matrimonios forzosos, matrimonios precoces, agresión con ácido, suicidios forzados por cuestiones de dote, honor, lesiones, violaciones, mutilaciones, incestos, ablaciones y otros. Por otro, la violencia ejercida en el seno de la sociedad: violaciones, vejaciones, acoso sexual, proxenetismo, trata, violencia sexista añadida a la violencia sobre la población civil en las guerras y otras. En el caso de violencia en las relaciones de pareja o ex parejas, se respetaría la igualdad ante la ley para hombres y mujeres y las penas serían iguales salvo si se aplicara el agravante de machismo probado, se respetarían los derechos fundamentales de denunciantes y denunciados y la presunción de inocencia y no se calificaría como delito lo que en otro ámbito sería falta, desapareciendo la asimetría penal actual.
  • Igualmente, se desarrollará una Ley de Violencia Intrafamiliar general para preservar a los menores y los mayores de la familia, dando un papel primordial a la mediación.
  • Se dará cumplimiento a la obligada transposición legal efectiva del Convenio de Estambul, que España ha ratificado y que entró en vigor en agosto de 2014.
  • Se erradicará la prostitución de cualquier tipo, impuesta o sometida al control de proxenetas, debe convertirse en paradigma de nuestras propuestas a la sociedad, persiguiendo policial y judicialmente todo tipo de trata y proxenetismo, pudiendo contemplar transitoriamente el ejercicio voluntario de la prostitución, protegiendo los derechos de las personas que la ejerzan sin ningún tipo de coacción ajena y siempre con respeto a las normas de convivencia y nunca en espacios públicos. Se implantarán programas de reinserción en el mundo laboral de las personas practicantes de la prostitución.
  • La trata de seres humanos en cualquiera de sus modalidades es una forma de esclavitud inadmisible. La mayoría de sus víctimas, mujeres, niñas y niños, lo son con fines de explotación sexual. UPYD se compromete con la prevención y la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual por terceros, delitos intolerables contra la libertad y la dignidad de las personas, aplicando todo el peso de la ley, fomentando la cooperación internacional, trasponiendo las resoluciones y directivas europeas y apoyando la acción policial para su erradicación. Se procurará un endurecimiento de las penas por este delito, incluyendo en las mismas la imposibilidad de reducción de condena por cualquier motivo actualmente en vigor.
  • UPYD defenderá y asegurará el derecho subjetivo a disfrutar de una vivienda digna y adecuada para los ciudadanos que temporalmente la necesiten. Vivienda pública exclusivamente en alquiler, con baremos y sin sorteos, revisable cada cierto tiempo porque las condiciones de los usuarios pueden variar, pensada para los ciudadanos que realmente la necesiten y que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social.
  • Se apoyará activamente el incremento de la oferta de créditos hipotecarios con dación en pago de la vivienda para amortización del crédito. Asimismo, se regularán los tipos de interés de demora en los préstamos hipotecarios, de manera que tengan un límite máximo.
  • Se reforzará la independencia del Banco de España y de los distintos organismos reguladores para terminar con las prácticas abusivas de bancos y cajas en los préstamos hipotecarios y seguros vinculados a los préstamos hipotecarios.
  • Se modificará la legislación concursal con la finalidad de introducir restricciones al principio de la responsabilidad patrimonial universal en los procedimientos de insolvencia de la persona física, siguiendo el modelo fresh start. En este sistema, una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor, el pasivo restante queda exonerado por decisión judicial sin consentimiento del acreedor, lo que, sin perjuicio de establecer las cautelas necesarias para evitar conductas fraudulentas, permite al deudor iniciar una nueva actividad socialmente productiva.
  • Se promoverán las modificaciones legales suficientes para luchar contra la ocupación ilegal de inmuebles, haciendo que el desalojo tenga carácter inmediato cuando no se pueda justificar la misma por título documental alguno, teniendo estas actuaciones carácter preferente en los Juzgados de Guardia. Todo ello acompañado, cuando proceda, de la simultánea intervención de los Servicios Sociales.
  • UPYD trabajará en el desarrollo de un modelo policial integrado que coordine, bajo supervisión del Estado, las tareas y misiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —Guardia Civil y Policía Nacional— con las policías autonómicas y locales, avanzando en la integración operativa de todos los cuerpos de seguridad y de la carrera policial en los diferentes cuerpos de seguridad.
  • Se promoverá la equiparación y convergencia salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas y locales.
  • Se fomentará la desmilitarización del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que debe converger paulatinamente con el de los demás cuerpos policiales. En este sentido, se progresará en el diseño de la unificación de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía en un cuerpo único.
  • Se hará efectivo el cumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales en ámbitos que afecten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  • Se limitará drásticamente el sistema de Libre Designación para ocupación de puestos de trabajo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en beneficio del sistema de concurso interno.
  • Se incrementarán las plantillas y medios de la Policía Judicial y de las unidades de policía económica, blanqueo de dinero, narcotráfico, tráfico de personas, delitos informáticos y delitos similares vinculados a los cambios sociales y tecnológicos.