• UPYD defiende un Estado federal cooperativo y simétrico que se estructurará a través de la asunción de competencias por parte del Gobierno de España, la supresión de diputaciones provinciales y forales, la fusión de municipios, un sistema de financiación justo e igualitario y la eliminación del Concierto Económico vasco y del convenio navarro.
  • Para ello, será necesaria la reforma del Título VIII de la Constitución Española para delimitar claramente el reparto de competencias entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, que evite duplicidades e ineficiencias y cierre el modelo autonómico, estableciendo que las siguientes materias sean competencias exclusivas del Estado e intransferibles: representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil y recursos naturales.
  • Se suprimirán las Diputaciones Provinciales y las Diputaciones Forales, cuyas competencias pasarán a desempeñar las Entidades Locales, las Comunidades Autónomas o la Administración General del Estado.
  • Además, se reformará el Título VIII de la Constitución Española y, en concreto, el artículo 145, de forma que se permita la fusión de Comunidades Autónomas, siempre que exista un amplio consenso. La aprobación de las reformas de los Estatutos de Autonomía exigirá una mayoría igual a dos tercios de cada cámara.
  • En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, se suprimirá la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española, dado que su transitoriedad venció cuando ésta se constituyó como comunidad autónoma, así como la disposición adicional primera de la CE, que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige el texto constitucional y por consolidar una situación inaceptable de desigualdad y privilegio de unos determinados ciudadanos frente a los restantes.
  • Sobre Ceuta y Melilla, se adaptará la disposición transitoria quinta de la Constitución Española a su realidad jurídica actual como ciudades autónomas.
  • Respecto al texto de la Constitución Española, se modificará el artículo 2, de modo que donde dice “nacionalidades y regiones” diga “comunidades y ciudades autónomas”. Asimismo, se nombrará nominalmente en el artículo correspondiente de la CE a cada una de las Comunidades Autónomas.
  • Se suprimirá el Senado, a la vista de que no se ha logrado el objetivo de hacerlo funcionar como una verdadera cámara de representación territorial. En tanto en cuanto no se opere la modificación constitucional oportuna, se adoptarán las medidas suficientes para aproximar de forma efectiva su funcionamiento al mandato constitucional.
  • En las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales, se impulsará la modificación o derogación de toda normativa en materia lingüística actualmente vigente que provoque discriminación y abusos lingüísticos, tanto en la Educación como en el acceso a la Administración y a la Función Pública, principalmente. Asimismo, se suprimirán las multas lingüísticas actualmente existentes y se impedirá que puedan implantarse en el futuro. Para ello, se promoverá una Ley nacional de protección de los derechos lingüísticos.
    En las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales, para los puestos de la Administración Autonómica, se exigirán conocimientos lingüísticos efectivamente necesarios en el idioma que es oficial sólo en ese territorio únicamente en aquellos puestos de trabajo donde sea estrictamente preciso para desempeñar correctamente las tareas correspondientes a dicho puesto.
  • En las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales, se suprimirá o se impedirá poner en marcha todo modelo de inmersión lingüística y se garantizará el derecho de los padres y las madres a matricular a sus hijos en un centro público educativo que permita el aprendizaje y el estudio en lengua común. Las dos lenguas oficiales serán vehiculares en todos los centros educativos.
  • En el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe la discriminación, se incluirá, tras la palabra “raza”, la palabra “lengua”. Por otra parte, puesto que las lenguas no tienen derechos políticos, se suprimirá igualmente el artículo 3.3: La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
  • Se darán los pasos necesarios para la consecución de un Estado laico, es decir, neutral ante todas las creencias religiosas respetuosas con los Derechos Humanos y con nuestro ordenamiento jurídico, y neutral también en materia identitaria. Esto es compatible con que ninguna confesión tenga carácter estatal, se aprecia la tradicional influencia de la Iglesia católica en la idiosincrasia y cultura españolas y se respetarán, por tanto, las celebraciones y fiestas de origen religioso, muchas de las cuales cuentan con un amplio apoyo popular y en las que es frecuente la participación de autoridades civiles, que igualmente representan a esa misma sociedad.
  • Para ello, el artículo 16.3 de la Constitución Española sobre libertad religiosa quedará redactado del siguiente modo: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Además, se impulsará la autofinanciación progresiva de las distintas creencias religiosas, en aras de la consecución de un Estado verdaderamente laico.
  • Se denunciarán los Acuerdos actualmente vigentes con la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, de Enseñanza y asuntos culturales, asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y Asuntos Económicos para avanzar en la consecución de un Estado laico y reformar la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, con el fin de establecer los mecanismos y criterios necesarios para distinguir entre las actividades de la Iglesia católica y de las restantes confesiones religiosas que se dirigen exclusivamente a la promoción de la fe religiosa de aquellas otras funciones o actividades de índole social o asistencial.
  • Respecto a los rendimientos de aquellos bienes o actividades de las distintas confesiones religiosas afectos a cualquier explotación de índole económica, las actividades de índole social o asistencial tendrán los mismos beneficios fiscales que los que disfruta cualquier otra entidad sin ánimo de lucro, mientras que las actividades dirigidas a la promoción o proselitismo de la fe, dogmas o cultura Página 10 religiosa y aquellas otras afectas a una explotación económica carecerán de beneficios especiales, teniendo a efectos impositivos la misma fiscalidad que cualquier otro sujeto pasivo en las mismas condiciones.
  • Se suprimirá la discriminación por razón de sexo del artículo 57.1 de la Constitución Española si la reforma constitucional mantiene la actual forma de Jefatura del Estado, monarquía parlamentaria.
  • Se eliminará del juramento del Rey la alusión a los derechos de las Comunidades Autónomas del artículo 61.1 de la CE. Además, se exigirá refrendo para todos los actos del Rey, incluidos los nombramientos de la Casa Real.
  • Se propondrá la eliminación de la inviolabilidad de los miembros de la Casa del Rey en todos los órdenes jurisdiccionales excepto el penal, estando así los actos de los mismos sujetos a responsabilidad con la excepción indicada, manteniendo en todo caso la inviolabilidad penal.
  • Se aprobarán todas las medidas que sean necesarias para profesionalizar y despolitizar la Justicia, hoy en día en manos de los partidos políticos.
  • La instauración de la independencia y despolitización de la Justicia hace necesario introducir mecanismos de elección directa, sin control de los partidos políticos, que impidan la asignación automática de los vocales electos a un grupo determinado e introduzcan incentivos para reforzar la independencia y la responsabilidad de los vocales.
  • La elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial, elegidos entre Jueces y Magistrados, se hará de forma directa en listas abiertas con voto secreto y personal, mayoritariamente por los propios jueces y magistrados y, en el porcentaje que se determine, también por los secretarios judiciales, fiscales, abogados, procuradores y graduados sociales.
  • De los otros ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial, se elegirán cuatro por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado —mientras no se suprima el procedimiento actual—, por mayoría de tres quintos, respectivamente. Éstos serán votados entre abogados y otros juristas de reconocida competencia, con más de veinte años de ejercicio en su profesión, que no presten sus servicios en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial.
  • Ningún vocal podrá haber militado en un partido político u ostentando cargo público representativo por elección o designación en representación de un partido político durante los cuatro años anteriores a su elección.
  • Se reformará el Tribunal Constitucional para despolitizarlo y recuperar su indispensable independencia. Para ello, se modificará el artículo 159.1 de la Constitución Española para que el Tribunal Constitucional pase de doce a quince Magistrados. Los tres nuevos Magistrados serán elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. También se modificará el artículo 159.2 de la CE para aumentar a veinte años la experiencia profesional exigida.
  • Además, se estudiarán mecanismos para que estén siempre representados, entre los Magistrados, fiscales y abogados de reconocido prestigio y capacidad.
  • Ningún Magistrado podrá haber militado en un partido político u ostentando cargo público representativo por elección o designación en representación de un partido político durante los cuatro años anteriores a su elección.
  • Se reforzará la independencia y despolitización del cargo de Fiscal General del Estado, que será elegido por una mayoría de tres quintas partes del Congreso de los Diputados y el Senado, entre una terna votada, por sufragio secreto y directo, por los fiscales en ejercicio.
  • Se impulsará cualquier medida facilitadora de la participación ciudadana en los asuntos públicos, más allá de los tradicionales actualmente existentes, dado que se mantiene la desconfianza de los ciudadanos en las principales instituciones del Estado y en los propios partidos políticos.
  • Para ello, se reformará la normativa constitucional que regula la Iniciativa Legislativa Popular, establecida en el artículo 87.3, para que pueda ejercitarse en materias propias de Ley Orgánica y de modificación constitucional según el artículo 166. Bastará con la presentación de 100.000 firmas acreditadas, así como permitir al portavoz de los promotores de la ILP defenderla en el transcurso de la tramitación parlamentaria.
  • Además, se establecerá una Plataforma Digital de Participación Ciudadana. Desde esta ventanilla única, los ciudadanos podrán dirigir sus peticiones al Congreso, tramitar una Iniciativa Legislativa Popular, consultar la documentación relativa a los procesos legislativos, ser consultados sobre determinados proyectos relevantes y participar en los referéndums consultivos. Los ciudadanos podrían dirigirse a sus representantes desde esta plataforma y éstos responderles directamente.
  • Asimismo, se harán públicas las agendas y reuniones de los diputados nacionales y autonómicos, senadores y miembros del Gobierno, reformando para ello los reglamentos de las cámaras pertinentes.
  • Se reforzará el compromiso de España con la Unión Europea incorporando el contenido necesario para su encaje constitucional dentro de un nuevo artículo o en un apartado de uno ya existente en la Constitución Española.