• UPYD devolverá al Estado de las competencias de Sanidad con el fin de reinstaurar un sistema sanitario común para todo el territorio nacional, basado en los principios de equidad, calidad, eficiencia universalidad y participación ciudadana.
  • Se reforzará el Fondo de Cohesión Sanitaria para que el Estado pueda garantizar una sanidad de calidad semejante en las diferentes Comunidades y territorios, con independencia de sus recursos propios y ofrecer un catálogo de servicios sanitarios unificado.
  • Se mantendrá la financiación de las derivaciones de pacientes a los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) españoles a cargo del Fondo de Cohesión Sanitaria nacional, con el objeto de impedir desigualdades territoriales.
  • Se implantará una Tarjeta Sanitaria única para todo el territorio nacional que permita el pleno acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) en cualquier lugar, en igualdad de condiciones y con independencia de la comunidad autónoma en la que se haya expedido.
  • Igualmente, se unificarán los distintos sistemas de historia clínica electrónica de los servicios autonómicos de salud para que exista un único sistema de historia clínica en el conjunto del Sistema Nacional de Salud que permita acceder a toda la historia clínica de un paciente desde comunidades distintas a la de su residencia habitual.
  • El Sistema Nacional de Salud se hará cargo progresivamente de la salud bucodental íntegra de todos los ciudadanos españoles, incluidos aquellos miembros de familias en riesgo de exclusión social. Además, se garantizará el acceso universal a los implantes auditivos cocleares y tecnologías similares que compensan patologías innatas o infantiles que privan a las personas de sentidos básicos.
  • UPYD evaluará la situación financiera y el uso racional de los recursos para asegurar la sostenibilidad de un sistema público, universal y solidario.
  • Se desarrollará una Estrategia Nacional para las patologías de elevado coste económico y social, con participación multidisciplinar, basadas en Guías de Práctica Clínica y avaladas por las Sociedades Científicas, a implantar en todo el territorio nacional.
  • Se revisará el sistema de progresividad en el pago del coste de medicamentos, el copago, redefiniendo los rangos de contribución según la renta e introducir su cálculo en función de la unidad familiar, y se eliminará su aplicación regresiva en Sanidad.
  • Se racionalizará el gasto farmacéutico combatiendo la hiperprescripción y el elevado consumo de medicamentos, concentrando los esfuerzos y recursos en la información y educación sanitarias y en actuaciones de prevención.
  • Asimismo, se creará una Comisión Nacional de Adquisición de Medicamentos, que centralice las compras, unificando criterios y aprovechando rendimientos de escala en la negociación del suministro a nivel nacional, dando publicidad a los precios acordados.
  • Se establecerán fármacos de referencia para determinadas patologías, siendo excluidos de la financiación pública los equivalentes terapéuticos más caros salvo excepciones clínicas justificadas.
  • Se implantará una regulación estricta de la comercialización como medicamentos de productos sin eficacia terapéutica demostrada.
  • UPYD aboga por realizar un estudio nacional de previsión, revisado periódicamente, de las necesidades futuras del Sistema Nacional de Salud (SNS) para establecer un Plan Nacional de Recursos Humanos con criterios realistas de planificación de las necesidades de profesionales sanitarios.
  • Se centralizarán las oposiciones al Sistema Nacional de Salud (SNS) con un examen nacional y un baremo de méritos uniforme, y con un calendario periódico de pruebas que evite la situación de interinidad de los profesionales y la excesiva rotación en las plazas.
  • Modificar el sistema retributivo para reconocer el desempeño profesional de forma adecuada, premiando el esfuerzo de los trabajadores.
  • Se pondrá en marcha un modelo de evaluación del Sistema Nacional de Salud que ayude a que los mejores profesionales sean premiados.
  • Se desarrollará definitivamente la troncalidad de las especialidades médicas sin que disminuya la formación específica. Además, se definirán las áreas de capacitación específica o subespecialidades, estableciendo el acceso desde diferentes especialidades y los criterios para la obtención de titulación en estas áreas.
  • Se profesionalizarán los cargos de gestión del SNS mediante sistemas de acreditación profesional objetivos y mecanismos de selección que garanticen la adjudicación de plazas siguiendo criterios de mérito y capacidad.
  • UPYD establecerá la obligatoriedad de realizar una auditoría externa anual al Sistema Nacional de Salud en todas las Comunidades Autónomas y publicación detallada de todos los datos obtenidos y elaboración posterior de estadísticas comparativas entre las Comunidades Autónomas.
  • Se elaborará un listado de indicadores asistenciales homogéneos y de obligada publicación en open data para los centros hospitalarios de todo el territorio nacional, tanto públicos como privados, que permita conocer y evaluar, de manera pormenorizada, la gestión de todos los centros sanitarios del sistema de salud público, así como mejorar su eficacia y eficiencia.
  • Se hará efectiva la publicidad semestral de los principales indicadores sanitarios.
  • Se implantará un sistema de vigilancia oficial del intrusismo profesional y de la publicidad e información sobre la salud.
  • Siempre que la densidad de la población lo posibilite, se establecerá la libre elección de cualquier médico por parte de los pacientes, tanto de medicina primaria como especializada.
  • Se garantizará la transparencia de los ensayos clínicos sobre nuevos medicamentos y tratamientos.
  • UPYD apuesta por desarrollar las Áreas sanitarias como eje vertebrador de la atención sanitaria, organizada en Servicios de Atención Especializada (AE), Atención Primaria (AP), Socio-Sanitaria (SS), Salud Pública (SP) y otros sectores relacionados con la salud medio ambiental y el desarrollo social.
  • Se fomentará la Atención Primaria, dotándola de medios profesionales y materiales, mejorando su capacidad de resolución permitiendo el acceso de los facultativos de AP a las herramientas adecuadas, evaluándose periódicamente el uso adecuado y el coste de estas medidas.
  • Se acelerará la implantación de la especialidad de Enfermería Comunitaria en el ámbito de la Atención Primaria de Salud, permitiendo su desarrollo profesional y dotándola de competencias exclusivas en el ámbito legal, para que se favorezca así la atención a los enfermos crónicos y el desarrollo de actividades de promoción y prevención.
  • UPYD despenalizará la interrupción voluntaria del embarazo mediante una ley de plazos que deje a la mujer gestante la decisión definitiva sobre la interrupción del embarazo dentro de un plazo legal mayor que el plazo actual de 14 semanas. Respecto al plazo definitivo, deberá ser establecido sobre la base del consenso médico y científico sobre la viabilidad del feto y sobre la detección precoz de malformaciones, y con el objetivo de conciliar el derecho de la madre a una maternidad consentida y la protección del no nacido, bien jurídico protegido tal y como reconoce la Constitución y la jurisprudencia. En todo caso, la ley deberá prever la posibilidad de interrumpir el embarazo fuera de plazo si posteriormente se detectan anomalías que hagan inviable el feto o circunstancias sobrevenidas que pongan en riesgo la salud de la madre.
  • La asistencia profesional para la realización de abortos legales debe quedar certificada por el Sistema Público de Salud. Deberán proveerse plazas específicas con esta especialidad en los centros sanitarios públicos. Solo muy excepcionalmente y por absoluta imposibilidad de atender la demanda con recursos del sistema público, se podrán derivar los casos de aborto cuyo ajuste a los supuestos legales se haya constatado en el sistema público, a clínicas privadas.
  • El Sistema Nacional de Salud deberá garantizar la atención del derecho a la reproducción de aquellas personas que lo soliciten por razones clínicas justificadas, incluyendo a las parejas lesbianas y mujeres solteras. La orientación sexual o estado civil no debe ser causa de desigualdad de trato ni de discriminación en el ejercicio del derecho a la reproducción asistida. La Administración deberá apoyar y facilitar el acceso a la reproducción a aquellas personas que, por las limitaciones del sistema público, se vean obligadas a acudir a la sanidad privada, siempre que existan razones clínicas que justifiquen la necesidad del tratamiento.
  • Se articulará en el marco legislativo correspondiente la gestación subrogada, entendida como la técnica por la que una mujer acepta ser la gestante mediante cualquiera de las técnicas de reproducción asistida contempladas por la ley y dar a luz al hijo de otras personas o persona — progenitores subrogantes— como técnica reproductiva. Para ello, se derogará el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
  • Se promoverá en el marco de la Unión Europea una regulación común de la maternidad subrogada y de los acuerdos de subrogación transfronterizos.
  • Es indispensable establecer una mayor y efectiva regulación y control de las donaciones de ovocitos, esperma y embriones, poniendo definitivamente en marcha el inexistente registro de donantes de gametos que exige la ley.
  • Se desarrollará un Plan de Acción para la Prevención de enfermedades de transmisión sexual y reproductiva, implantando políticas activas de prevención, educación e información dirigidas a adolescentes, jóvenes y adultos para que la ciudadanía pueda disfrutar de una buena salud sexual y reproductiva, evitando así enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
  • UPYD promoverá la aprobación de una normativa integral de ámbito nacional en materia de salud mental.
  • Igualmente, se impulsará la puesta en marcha de un equipo con reconocidos expertos que, junto con responsables de los gabinetes ministeriales de Educación, Sanidad, y Políticas Sociales, desarrollen un Plan de Prevención del Suicidio, contemplando las exigencias en la materia de los organismos internacionales.
  • Se implantará un plan estratégico de atención a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias, garantizando inversión en investigación sobre TEA, más ayudas económicas, que los tratamientos médicos, así como las actividades que ayuden a su mejor desarrollo, estén financiados por el Sistema Nacional de Salud. Para ello, se invertirá en preparación de profesionales, más colegios específicos para atención a menores con TEA, creación de más plazas en colegios no específicos, y en la integración y creación de más espacios y lugares de respiro para las familias con personas afectadas con TEA.
  • Es necesario el desarrollo de un Plan Nacional de Atención a las Enfermedades Neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, ELA y otras no menos relevantes) y sus cuidadores informales que aborde la necesidad de unas intervenciones adecuadas en las áreas sanitaria, social y de investigación.
  • Se reconocerá la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica como enfermedades que, en sus cuadros más graves, pueden generar una incapacitación socio-laboral, favoreciendo los recursos necesarios para su investigación y estableciendo las medidas necesarias para su adecuado tratamiento terapéutico en los ámbitos biológico, psicológico y social.
  • Se mejorará la cobertura del tratamiento y la atención de las personas diagnosticadas de enfermedades raras.
  • Se apoyará desde los poderes públicos a las personas celíacas, con medidas como ayudas que el precio sea asumible, y garantizando que la certificación de los alimentos sin gluten sea 100% pública, para evitar la especulación.
  • Se desarrollará una Ley de Eutanasia que permita la muerte digna, libremente decidida y bajo la adecuada supervisión profesional y legal, a personas en situación terminal.
  • Se despenalizará el consumo de cannabis bajo condiciones de información sanitaria suficiente de los riesgos inherentes al consumo, pero con la prohibición expresa del consumo, y la obligación de denunciar los casos, en menores de 21 años, dada la especial susceptibilidad del sistema nervioso central del ser humano antes de completar la madurez del mismo a dicha edad.