• UPYD considera esencial una notable mejoría en la lucha contra el fraude fiscal, para lo cual es imprescindible que haya una decidida voluntad política. La legislación contra este problema, para obtener resultados, ha de ir acompañada de una administración tributaria eficaz, dotada de medios suficientes, respaldada por el Gobierno y con la que colabore la sociedad. Ello hace necesario un urgente reforzamiento material y personal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y una reorganización de sus servicios de inspección. Asimismo, debe coordinarse, especialmente en materia de fraude fiscal, la actividad de la AEAT con los Consorcios Tributarios de las Comunidades Autónomas. Es imprescindible combatir firmemente a escala internacional la existencia de paraísos fiscales y concienciar a los ciudadanos de la gravedad del problema del fraude fiscal, mediante campañas de concienciación que incluyan al sistema educativo, con el fin de que colaboren activamente denunciando las prácticas irregulares y rechacen socialmente a quien lo haga o promueva. Otras medidas deben de ir en la línea de endurecer el delito fiscal y ampliar los plazos de inspección y prescripción, y descartar cualquier tipo de amnistía fiscal, una de las mayores corrupciones, así como fortalecer la lucha contra los testaferros.
  • Se promoverá una nueva Ley de Exigencia de Responsabilidad Civil, y Penal para los casos más graves, para aquellos responsables públicos que, tras la finalización de su mandato, se constate que hayan ocultado deudas o impagos del órgano o administración de la que fueran responsables.
  • Se estudiará la inclusión en el Código Penal de un nuevo delito de malversación imprudente de caudales públicos para castigar a los empleados y cargos públicos que, en el ejercicio de sus funciones, causen, por acción u omisión, a las Administraciones o ciudadanos un perjuicio económicamente evaluable, cuando no se hayan seguido criterios de buena gestión.
  • Asimismo, se incorporará a nuestra legislación penal el denominado delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electivos.
  • Se dotará de medios materiales y humanos suficientes a la Fiscalía para luchar más y mejor contra la corrupción política. Para ello, se creará la figura de Fiscales Delegados Anticorrupción en cada Comunidad Autónoma o Provincia que, sin dependencia jerárquica del Fiscal Jefe de la Comunidad, tengan libertad de investigación sobre hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de corrupción política cometidos dentro de su ámbito de actuación.
  • Se agravarán las penas contra administradores, directivos o empleados de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización privada con participación pública, o que desempeñe funciones públicas, implicados en actos de corrupción.
  • Se inhabilitará para administrar o ser apoderado de una empresa privada o pública a los administradores o apoderados de empresas condenadas por corrupción a funcionarios públicos o corrupción a administradores de empresas públicas.
  • Se modificará el Código Penal para restringir o suspender los beneficios penitenciarios de las personas con condena firme por delitos de corrupción política, hasta que sea devuelta la totalidad del dinero sustraído a las arcas públicas.
  • Se establecerá un período de enfriamiento para todos los funcionarios del Estado y representantes públicos durante el cual se extienda la inhabilitación profesional, para evitar el fenómeno de las puertas giratorias.
  • Se derogará la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debido a que favorece la impunidad de los delitos de corrupción al acortar drásticamente el periodo de instrucción en una justicia sin medios.
  • Se implementarán medidas contra la corrupción en la contratación administrativa, limitando la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista, la cuantía de los contratos menores y la posibilidad de subdividir contratos, exigiendo la publicidad de la contratación administrativa. Asimismo, se prohibirá la contratación al personal de alta dirección, asesores, representantes legales, apoderados o mandatarios de empresas que tengan conflictos de intereses con las administraciones públicas, y se mejorará el control de oposiciones y concursos.
  • Se modificará la Ley de Contratos del Estado para utilizar el modelo NEC3 usado en países como Reino Unido, en donde la desviación al alza en coste es compartida por el Estado y por el contratista. Además, este modelo anula el concepto de “rentabilidad de la corrupción”. Un pago oculto disminuye directamente el beneficio del corruptor.
  • UPYD garantizará la independencia y despolitización del Tribunal de Cuentas. Para ello, se cambiará la forma de selección de sus consejeros y la selección de su personal seguirá criterios estrictos de mérito y capacidad. Además, se reforzará con medios personales y materiales para que pueda realizar sus funciones de fiscalización de los partidos políticos.
  • El Tribunal de Cuentas también será responsable de dotar de identidad a todos los participantes en las iniciativas de crowdfunding, en caso de que el partido político emplee este método de financiación.
  • Se tipificará penalmente la financiación ilegal de partidos políticos, para incluir sancionar penalmente la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social.
  • Se modificará la Ley Orgánica de Partidos para que éstos estén obligados a celebrar elecciones internas competitivas mediante voto directo y secreto.
  • Se renovará y actualizará el Acuerdo sobre el Transfuguismo de 1998 para ampliarlo a cualquier institución representativa: parlamentos nacionales y autonómicos, Parlamento Europeo y ayuntamientos.
  • Se impulsarán las reformas necesarias para que los investigados y encausados, anteriormente denominados imputados, por delitos contra las Administraciones Públicas, es decir, por corrupción, no puedan ser candidatos en procesos electorales.
  • Se suprimirán todos los supuestos de aforamientos políticos, incluidos los contenidos en la Constitución que afectan a Diputados, Senadores y miembros del Gobierno; así como limitar la figura de la inmunidad e inviolabilidad parlamentaria para que su contenido tradicional pueda encajar con los parámetros de una democracia del siglo XXI y un Estado de Derecho moderno.
  • Se establecerá la incompatibilidad del cargo de alcalde o concejal con la condición de diputado, senador, parlamentario autonómico o parlamentario europeo.
  • Se limitarán los mandatos a un máximo de dos legislaturas en el caso de alcaldes o de presidentes de Diputación, Comunidad Autónoma y el Gobierno de España.
  • Se racionalizarán las retribuciones de los cargos políticos representativos y habilitación de un régimen estricto de incompatibilidades y prohibición de sobresueldos. Se establecerá una escala de retribuciones máximas y mínimas para los diferentes cargos e instituciones. Ningún cargo público cobrará más que el Presidente del Gobierno. La escala de retribuciones de los cargos políticos estará relacionada con los diferentes escalafones de la Administración General del Estado.
  • Se suprimirá cualquier privilegio en las pensiones de los parlamentarios, tanto del Congreso y Senado como de los parlamentos autonómicos, y de los exaltos cargos políticos, incluidos los planes de previsión social privados. Las remuneraciones de los expresidentes serán incompatibles con cualquier otro salario público o privado.
  • Se incluirá en la Constitución y en las leyes el derecho de los ciudadanos al buen gobierno y a la información, como derecho fundamental.
  • Se reformará la Ley de Transparencia, claramente insuficiente, y se mejorará el Portal de Transparencia, adoptándose las medidas necesarias para garantizar la publicidad accesible y comprensible de los presupuestos y la ejecución presupuestaria, expedientes de contratación administrativa, incluidas sus modificaciones, las subvenciones públicas y convenios administrativos, salarios de los funcionarios y de los gestores públicos, contabilidad de las empresas públicas, cuentas de los partidos políticos, sindicatos, patronales y asociaciones profesionales o de interés público que reciban ayuda pública.
  • Se creará una plataforma de datos abiertos (open data) que ponga a disposición de ciudadanos y empresas toda la información en poder de la administración que no esté clasificada, mediante una plataforma sencilla y funcional, con el fin de caminar en la dirección del reconocimiento del derecho fundamental de los ciudadanos de acceso a la información.
  • Se restringirá el uso del Indulto y la potestad del Gobierno a la hora de concederlos, teniendo que ser consultado el Congreso de los Diputados, suficientemente motivado y prohibiendo su aplicación, al menos, en casos de corrupción política y delitos contra la Administración Pública.
  • Se limitarán las exenciones de autoridades y cargos públicos a la obligación de testificar y concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley.
  • Se implantará la obligación de todos los responsables de órganos, entes y empresas públicas de cuentas con carácter anual, públicamente y ante la correspondiente comisión del Congreso, sobre los principales gastos incurridos, contratos que han superado su coste sobre el inicialmente previsto, deudas y facturas pendientes, etc.
  • Se obligará a las Administraciones Públicas a redactar un informe anual de todos los anuncios y campañas institucionales realizadas en el año anterior, señalándose su finalidad, importe y adjudicatarios de los contratos celebrados, actuándose con firmeza frente a las campañas institucionales de autobombo.
  • Se regulará por medio de una legislación específica la actividad de los lobistas dentro de las instituciones democráticamente elegidas, en los que se detallen las prácticas permitidas, la regulación de las actividades y la forma de publicar la influencia en el proceso legislativo; así como la publicación de las agendas de los diputados y las reuniones que mantengan. Además, se creará un registro de lobbies y grupos de interés de acuerdo a los estándares internacionales.
  • Se despolitizará la figura del Gobernador, nombrado en la actualidad por el Gobierno, que será elegido por tres quintos de cada Cámara y deberá rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados al menos una vez al año.
  • Se promoverá la publicidad completa del resultado del trabajo de la Oficina de Conflictos de Interés.