• España se encuentra en la fase de recuperación de la crisis iniciada en 2007, siendo uno de los países de la Eurozona con un mayor crecimiento del PIB — en torno al 3% anual— y un notable, aunque insuficiente, crecimiento del empleo. Sin embargo, ello se debe a que esa recuperación parte de una economía mucho más deteriorada que la de otros países de la Eurozona y, en gran medida, a factores externos y excepcionales entre los que destacan la tendencia bajista que han tenido en los últimos años tanto los tipos de interés en la zona Euro, la compra de deuda pública por parte del Banco de España y el precio del petróleo, así como la incidencia positiva que sobre el turismo español ha tenido la inestabilidad o la guerra en algunos países mediterráneos. Por tanto, ha de tenerse en cuenta que este marco favorable sobre el que se está cimentando la salida de la crisis no va a mantenerse indefinidamente y, en consecuencia, es necesario adoptar medidas de política económica que puedan, por una parte, consolidar la salida de la crisis y, por otra parte, sentar las bases de una economía española sólida y solvente en unas condiciones económicas futuras que podrían tornarse aún más desfavorables. Se trata, además, de modernizar el modelo productivo español para asegurar un crecimiento estructural y no coyuntural.
  • Debemos entender la crisis española en un contexto de estancamiento de la UE, la cual ha quedado en un segundo plano a nivel mundial y, además, envuelta en una crisis política que genera una incertidumbre que se suma al progresivo envejecimiento de su población. Siguen existiendo problemas estructurales internos de gran envergadura que provocan paro, precariedad laboral, bajos sueldos y desigualdad. Además, nos enfrentamos a grandes retos, como el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas y la sostenibilidad del sistema de pensiones.
  • Los problemas anteriormente expuestos se ven agravados con la influencia de unas instituciones políticas alejadas de la realidad y que dificultan el desarrollo económico. El mejor ejemplo de tal circunstancia es el actual modelo autonómico, el cual aún no se ha cerrado adecuadamente. La consecuencia directa es un excesivo gasto público improductivo que contribuye a la consolidación de un déficit público estructural y recurrente. Por otra parte, el hecho de pertenecer a un ente supranacional como la Unión Europea supone la renuncia a ejercer competencias muy relevantes en materia de política económica como, por ejemplo, la política monetaria.
  • Para subsanar estas anomalías competenciales, se hace urgente e imprescindible que el Estado asuma su papel como coordinador de la política económica entre las distintas Administraciones Públicas —el propio Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales—, evitando que la gestión de recursos públicos esté determinada por criterios puramente localistas y clientelares que muchas veces las aleja de la lealtad institucional y el raciocinio necesarios, viéndose por ello perjudicada la sociedad en su conjunto.
  • El bienestar de los ciudadanos es el objetivo central de las políticas económicas. Para lograrlo, UPYD plantea una política económica cimentada en la mejora continua de las instituciones y el respeto a los derechos de propiedad y a la libertad de los agentes económicos —productores y consumidores, trabajadores y empresarios— para realizar sus transacciones con plenas garantías. Así pues, UPYD propugna una economía de libre mercado, pero sujeta a las intervenciones públicas que sean necesarias para corregir sus fallos —incluyendo los medioambientales—, establecer legislación y mejorar la equidad en la distribución de la renta. En la concepción de la economía en que se inspira, tanto el mercado como el sector público son necesarios, y siempre con un objetivo irrenunciable: mejorar la vida y el bienestar de los ciudadanos.
  • UPYD propone una política económica basada en un análisis económico racional y riguroso. El Estado trabajará para preservar la igualdad de oportunidades, corregir las imperfecciones del mercado, minimizando sus externalidades negativas, y facilitar el desarrollo del tejido empresarial. Serán necesarios instrumentos de estímulo de la demanda, tanto de carácter fiscal como monetario, de igual modo que será imprescindible llevar a cabo reformas estructurales que mejoren las condiciones de la oferta. Junto a todo ello, se realizará una exhaustiva evaluación de los efectos que las actuaciones públicas tienen a lo largo del tiempo.
  • España necesita una política económica centrada en un doble objetivo: la corrección de los efectos de una coyuntura adversa en el corto plazo y las necesidades de un cambio estructural que permita asentar sobre bases sólidas el crecimiento a largo plazo, incluido el cambio de modelo productivo. Y ello requiere de una correcta coordinación de las Administraciones Públicas que ponga fin al creciente endeudamiento sistemático que dificulta el correcto desarrollo de la economía española. Por ello, UPYD aboga por llegar a un consenso entre expertos en Economía, fuerzas políticas, sindicatos y organizaciones empresariales para elaborar un ambicioso programa orientado a que España salga reforzada de la crisis y pueda aspirar a convertirse en un motor de la Unión Europea. Asimismo, podrían estudiarse nuevos modelos económicos aplicables a nuestro país, como el modelo de Economía Circular.
  • Debe velarse para que cada euro que sale del bolsillo de los ciudadanos, trabajadores y empresas, en forma de impuestos o cotizaciones sociales, se destine de manera efectiva a aquellas situaciones que lo necesiten, lo cual posibilitaría no solo contención impositiva y contributiva, sino también una mejora de los servicios que se prestan. Para ello, es necesario una adecuada coordinación, colaboración y cooperación entre todos los entes implicados, administraciones, haciendas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, elaborando un marco jurídico mínimo común de fiscalización y control, de tal manera que se puedan aprovechar al máximo los mecanismos ya existentes sin necesidad de generar más duplicidades, y todo ello sin perjuicio de dotar de recursos humanos y materiales suficientes a los principales organismos de control: Inspección de Hacienda —las cinco haciendas— y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  • La búsqueda de sinergias debe ser el objetivo fundamental de la economía española. Los nuevos retos que tendrá que enfrentar la Unión Europea supondrán una oportunidad para reforzar el peso y la relevancia de nuestra economía. Así, la salida del Reino Unido de la Unión Europea debida al Brexit supone oportunidades históricas que no deben ser desaprovechadas. La más importante es la oportunidad de atraer al sector financiero y los servicios profesionales relacionados, dada su movilidad, valor añadido e importancia.
  • Asimismo, desde el Gobierno central se debe impulsar una mayor integración de nuestra economía con la economía portuguesa. Históricamente se ha demostrado que las integraciones económicas han tenido efectos positivos en las partes que han contribuido a esa integración: productividad, incremento de la riqueza o abaratamiento de los costes, así como un incremento del empleo. Ejemplos como el de la integración energética tanto en lo que se refiere a la electricidad como al gas —proyectos MIBEL (Mercado Ibérico de la Electricidad) y MIBGAS (Mercado Ibérico del Gas)— deben ser un referente a seguir.
  • Por otro lado, la economía no solo debe ser competitiva y equitativa, sino medioambientalmente sostenible. El crecimiento económico debe sustentarse en el respeto al medio ambiente, la diversificación energética y la drástica reducción de los residuos en el convencimiento de que un desarrollo económico equilibrado y sostenible no solo garantiza la protección del medio ambiente, sino que también supone un crecimiento económico más robusto y permanente, alejado de burbujas especulativas.
  • La política fiscal es uno de los principales instrumentos de política económica de que disponen la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Su manejo requiere que las correspondientes administraciones desarrollen actuaciones coordinadas y sujetas a unos criterios de eficacia y eficiencia. La necesidad de equilibrar los distintos presupuestos de las Administraciones Públicas así lo exige. En todo caso, ha de preservarse y ampliarse el gasto productivo y los servicios públicos esenciales, como sanidad y educación, frente a los defensores de la austeridad extrema, los recortes sociales y el adelgazamiento del Estado, así como reducir el gasto político improductivo, luchar contra la mala gestión, el fraude fiscal y la corrupción y evaluar la correcta redistribución de la renta, como es propio de un sistema fiscal justo —donde paguen más quienes más tienen—, progresivo y efectivo.
  • El gasto público debe estar sujeto a pautas de eficiencia que, en todo caso, han de posibilitar el incremento del gasto social, para converger con el gasto medio de la OCDE y la Unión Europea, y el dedicado a las prestaciones sociales destinadas a las personas más desfavorecidas y a mejorar la calidad de los servicios públicos. 78.Debe acometerse con urgencia una revisión en profundidad de los modelos de gestión en los distintos niveles de las Administraciones Publicas, que reduzca el gasto público a niveles acordes a los ingresos públicos normalmente disponibles. Para ello, es necesario realizar un ejercicio comparado dentro de la Administración Autonómica y Local que permita detectar aquellos modelos de gestión más eficientes y tratar de implantarlos, en la medida de lo posible, en otras corporaciones gestionadas de una manera más deficiente.
  • El sistema fiscal español sería más efectivo y equitativo mediante su simplificación y fortalecimiento, dificultando así la existencia de la evasión y la elusión fiscal. Además, no será necesario incrementar la carga impositiva sobre las rentas del trabajo —por cuenta propia o ajena— si se reduce el gasto improductivo y se impulsa la reforma del Estado Autonómico. Habrá que incrementar la presión fiscal sobre las rentas de capital y riqueza, y revisar las deducciones existentes. Se trata de tener un sistema fiscal socialmente más justo y más progresivo.
  • Es preciso reducir sustancialmente los miles de entes públicos que sean innecesarios para garantizar los servicios públicos básicos, fusionar Ayuntamientos, estudiar la posibilidad de fusionar Comunidades Autónomas y eliminar las Diputaciones Provinciales y las Forales, suprimir el Senado y racionalizar las Administraciones Autonómicas. Ello resulta compatible con tener un funcionariado bien formado y remunerado, con espíritu de servicio público, y acorde con su grado de responsabilidad; no obstante, se estudiará la implantación de mecanismos que permitan evaluar periódicamente su rendimiento. El control del gasto corriente permitirá potenciar el papel de una inversión pública —esencial para posibilitar el cambio de modelo productivo— planificada basada en criterios racionales de eficiencia e interés general, que incida positivamente sobre la productividad del sector privado de la economía y disminuya las desigualdades territoriales. Ello es incompatible con programas de inversión de dudosa planificación responsable, como es el caso de algunas líneas de AVE, aeropuertos o autopistas o los tratos de favor a los gobiernos nacionalistas. Todo ello ha supuesto un despilfarro inadmisible y de incalculable cuantía.
  • Ante las manifiestas ineficiencias y desigualdades existentes en la economía española y que la actual legislación no ha sido capaz de corregir, UPYD propugna una profunda revisión del marco regulador de numerosas actividades de la economía española, especialmente en el sector de servicios, que actualmente favorecen la existencia de prácticas anticompetitivas entre las empresas y entre los profesionales, en detrimento de los intereses de los consumidores. Así pues, el marco regulador deberá ser más sencillo, estable, comprensible, coherente y homogéneo en toda España para facilitar la rápida resolución de conflictos mercantiles, al tiempo que se beneficie la libre competencia en igualdad de condiciones. En ese sentido, UPYD solicitará la inclusión de Ceuta y Melilla en el Reglamento Aduanero de la Unión Europea para que dejen de estar excluidas comercialmente de su ámbito, lo que les impide cualquier posibilidad de desarrollo futuro en igualdad de condiciones con el resto de ciudades españolas y europeas.
  • Ha sido y sigue siendo especialmente perjudicial la proliferación de regulaciones en el ámbito autonómico, la cual ha fomentado la creación de barreras crecientes a la libre circulación en el mercado interior español. Concretamente, las barreras de carácter lingüístico se han convertido en un poderoso elemento de discriminación muy perjudicial para el normal funcionamiento del mercado español. Por ello, UPYD defenderá la elaboración de una verdadera Ley que garantice la unidad del mercado que armonice las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas en materia económica.
  • Para ello, los órganos reguladores y de supervisión de los mercados y de la competencia deben revisarse y reformarse. Se les dotará de una mayor independencia, reforzando su capacidad investigadora y sancionadora, y estableciendo reglas más estrictas para preservar la competencia entre las empresas que operan en esos mercados, así como los derechos e intereses de los usuarios de sus servicios. Los Organismos Reguladores emitirán sus dictámenes en tiempos tasados de antemano, los cuales serán, en todo caso, lo más razonables posibles.
  • Para que la economía española sea productiva, se hace imprescindible una notable reducción de los numerosos obstáculos injustificados que dificultan la creación de empresas, así como de las cargas administrativas que soportan, especialmente, las PYMEs. Así, se podrán comenzar actividades económicas y empresariales mediante la presentación ante la Administración correspondiente de una declaración responsable donde el empresario declare cumplir todos los requisitos legales. Para las actividades que, por su naturaleza, sean potencialmente peligrosas para el medio ambiente o las personas, este precepto no será de aplicación. No obstante, y pese a los avances que se están llevando a cabo en los últimos años, se debe hacer un mayor esfuerzo en la informatización de los trámites administrativos y avanzar en la ventanilla única on-line.
  • En este sentido, es necesario modificar y dotar de efectividad a la normativa que afecta a la morosidad, con el fin de reducir el plazo máximo efectivo de cobro por parte de las empresas, limitándolo a treinta días. Ello favorecería la financiación de las empresas y, simultáneamente, su competitividad.
  • La crisis económica ha puesto de manifiesto las deficiencias del marco regulador y de supervisión del sistema financiero nacional, lo cual ha conducido a este sector a iniciar un proceso de reestructuración que está siendo largo y cuyas consecuencias están afectando a la sociedad en su conjunto. Además, la culminación de dicho proceso de reestructuración es coincidente en el tiempo con el gran desafío comunitario que supone la unificación bancaria, por la que UPYD apuesta decididamente. Por ello, es imprescindible fortalecer el sector, para lo cual se debe dotar de mayor independencia tanto a la CNMV como al Banco de España, que serán supervisados por el Congreso de los Diputados, además de exigir a los profesionales financieros un nivel de competencias y capacitación suficiente para poder ejercer, bajo la supervisión de un organismo independiente —por ejemplo, EFPA España—, en coherencia con la entrada en vigor de MIFID II.
  • UPYD está a favor de la Unión Bancaria y de una mayor concreción de la Unión de Mercados de Capitales, en el marco de la Unión Europea, para acabar así con la fragmentación financiera y reactivar el flujo de crédito, bajo un sistema homogéneo de supervisión financiero que afecte a los sectores bancario, asegurador y a los mercados de valores. Para ello, las entidades financieras deben ver fortalecidos sus ratios de capital y constituir reservas de carácter anticíclico. Asimismo, se deben limitar los riesgos de liquidez y se han de establecer reglas muy estrictas con respecto al empleo de vehículos financieros fuera del balance. Por otra parte, debe revisarse el papel de las agencias de rating o calificación crediticia en el sistema financiero y su responsabilidad en la evaluación de los riesgos. También es preciso fortalecer las normas internacionales de contabilidad y las técnicas de evaluación de riesgos para evitar su excesiva concentración. Además, se deben regular y supervisar los diferentes vehículos de inversión, estandarizando y simplificando los productos derivados, así como los sistemas para su compensación. Finalmente, han de establecerse mayores controles sobre los fondos de inversión.
  • UPYD propugna la toma de medidas que sean necesarias para que ninguna entidad financiera vuelva a politizarse, estableciendo para ello unos parámetros de incompatibilidad entre política y sector financiero que afectarán especialmente a los responsables políticos con cargo institucional que no hayan trabajado en el sector financiero previamente antes de ocupar dicho cargo. Asimismo, las entidades financieras nacionalizadas o rescatadas en las que haya capital público deberán dejar de tener participación pública en un horizonte temporal que no exceda de 2025, aun a costa de liquidar sus activos total o parcialmente.
  • La economía española ha experimentado un fuerte desarrollo en el último medio siglo —a excepción de la última década— que se ha visto favorecido, entre otros aspectos, por la entrada en la Unión Europea y el espectacular boom del sector de la construcción. No obstante, la economía española está encontrando muchas dificultades para adaptarse a un entorno cambiante y con una competitividad creciente, lo cual supone que el modelo productivo actual esté obsoleto y sea excesivamente dependiente tanto del sector servicios — especialmente el turismo, intensivo en mano de obra poco cualificada y, frecuentemente, estacional— como de los costes energéticos. En consecuencia, España está muy expuesta a la evolución de variables determinadas por factores exógenos —poder adquisitivo de terceros países, precios de la energía, entre otros— y, por tanto, su modelo productivo es tan débil como frágil. Es imperativo iniciar una transición planificada hacia un modelo productivo caracterizado por el empleo de mano de obra de creciente cualificación y la diversificación sectorial que reduzca la dependencia de factores externos. También se requieren reformas estructurales que fomenten la libertad de empresa y la competencia, impulsen la creatividad y la llegada de nuevos emprendedores a nuestro país y, en definitiva, se creen nuevas oportunidades de desarrollo.
  • Este nuevo modelo productivo deberá mantener el correcto funcionamiento de aquellos sectores que sean óptimos y fomentar el desarrollo y mejora de la competitividad en distintos sectores que tengan un significativo potencial de crecimiento y puedan aportar valor añadido. Es el caso de la biomedicina, la biotecnología, las Tecnologías de la Información y Comunicación, la industria agroalimentaria vinculada a la biotecnología, la industria manufacturera —en coherencia con el objetivo europeo de que suponga el 20% del PIB en 2020— o un sector turístico que compita vía calidad.
  • Será necesario realizar un esfuerzo singular para lograr una adaptación del sector primario a esta nueva realidad, dado su valor no solo económico, sino como conservador del medio rural. Para ello, se deben aprovechar óptimamente los fondos europeos para formación rural y adecuarlos a las necesidades que sean identificadas, además de adoptarse medidas para fijar la población en el medio rural, evitando su despoblación. Para ello, se impulsarán en las zonas rurales los multiservicios, de tal forma que se fomente que una misma empresa u organismo público pueda gestionar varios elementos a la vez.
  • Es esencial incrementar la inversión pública en I+D+i, vinculada a sectores altamente cualificados, lo que no solo frenaría la salida de capital humano muy bien formado, sino que favorecería a su vez el retorno de trabajadores españoles que actualmente están desarrollando su carrera profesional en el extranjero, e incluso se podría conseguir que llegasen profesionales de otras nacionalidades que engrosarían la mano de obra disponible en nuestro país. La inversión en I+D+i repercutiría en la búsqueda de nuevos materiales y nuevos procesos productivos que reduzcan el impacto ambiental de los actuales sistemas productivos.
  • UPYD defiende un desarrollo de la regulación nacional de la economía digital y colaborativa basada en servicios telemáticos y TIC que facilite, con garantías y cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad, el intercambio y arrendamiento de servicios y propiedades entre particulares, incluyendo viviendas y automóviles, sin obligar a los particulares a convertirse en empresarios de hostelería o transporte.
  • UPYD aboga por el despliegue de redes de telecomunicación con inversión privada y pública, nacional y comunitaria, para el acceso a Internet de muy alta velocidad, tanto fijo como móvil, con el fin de que el acceso a la red sea universal. Asimismo, se implantará la obligatoriedad de la preinstalación de infraestructura de telecomunicación en todas las obras de trazado o mejora viaria interurbana.
  • Se llevará a cabo el control continuo de la calidad del servicio de telecomunicaciones proporcionado por los operadores y se garantizará una información transparente, exacta, inteligible, objetiva y completa de los servicios ofertados por estas empresas, reforzando legalmente la protección del ciudadano y de sus datos privados contra los abusos de las compañías en las políticas agresivas de captación telemática de clientes.
  • El mercado laboral español, pese al cambio de tendencia experimentado especialmente a partir de 2015, sigue siendo uno de los principales problemas de la sociedad. La reforma laboral llevada a cabo en 2012 no ha corregido sus principales anomalías y la dualidad del mercado laboral se acentúa año tras año. Por ello, es necesario consensuar una nueva reforma del mercado laboral orientada hacia la homogeneización de las condiciones de empleo de todos los trabajadores y la promoción del empleo de calidad, digno, duradero y estable. Todo ello deberá ser compatible con la viabilidad de las empresas.
  • UPYD plantea la introducción de un contrato único que afecte a los nuevos empleos o, hasta que ello sea posible, la racionalización del número de modalidades de contratación. El contrato único tendrá una indemnización por despido creciente e irá acompañado de una indemnización portátil —mochila austríaca— que posibilitará la movilidad voluntaria del trabajador sin renunciar a sus derechos adquiridos. Por otra parte, es necesario simplificar y clarificar el régimen de bonificaciones por contratación. Se facilitará, en los casos de aquellas empresas que atraviesen dificultades económicas acreditadas, la conversión de los contratos a jornada completa hacia contratos a tiempo parcial, evitando así que se llegue a situaciones más perjudiciales tanto para la empresa como para los trabajadores. Se estudiarán fórmulas para reducir los costes de cotización a la Seguridad Social en la contratación de empleados pertenecientes a colectivos que tienen mayor dificultad para acceder al mercado de trabajo —mujeres, personas mayores de 45 años y jóvenes de entre 25 y 35 años—, evitando la precarización de las condiciones laborales. Además, se implantará la actualización progresiva del Salario Mínimo.
  • La reforma anterior ha de acompañarse de una mejora cualitativa de las políticas activas de empleo en todos los ámbitos, junto con un incremento sustancial de los recursos destinados a dichas políticas. Por una parte, se reforzará la labor intermediaria de los servicios públicos de empleo, estrechando el contacto directo y la comunicación activa de estos con las diversas ofertas de empleo que se ofrezcan a todos los niveles. Por otra parte, se invertirá en programas y cursos dirigidos a la formación y a la ayuda en la búsqueda de un nuevo empleo a los parados, con especial atención a los de larga duración. En este sentido, se deberá mejorar la coordinación entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las Comunidades Autónomas, especialmente para evaluar su eficacia en su función de reincorporar al mercado laboral al mayor número de desempleados posible, tomando medidas para introducir en aquellos de menor éxito las prácticas y programas que se hayan demostrado eficaces en otras zonas. Asimismo, se formará a los profesionales correspondientes del SEPE para potenciar sus cualidades.
  • Asimismo, se deberán adoptar medidas legislativas para proteger a los jóvenes en el acceso al mercado de trabajo y en la transición del mundo académico al empresarial, regulando las prácticas no laborales, dotándoles de una protección social adecuada y evitando los abusos empresariales. En el caso de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, se reformará la regulación introduciendo un sistema en virtud del cual no se permita la realización de prácticas bajo esa modalidad en una misma entidad a partir de un determinado número de meses a concretar por desarrollo reglamentario, aun respetándose las duraciones máximas establecidas reglamentariamente para cada convenio por separado. De esta manera, si por aplicación de las reglas anteriores no puede firmarse un convenio de cooperación educativa entre el estudiante y la entidad que sea, únicamente cabría, si se quiere continuar contando con los servicios del estudiante universitario, la celebración de un contrato en prácticas o de un contrato indefinido.
  • Otro aspecto relevante del mercado de trabajo español es el que se refiere a la negociación colectiva. El proceso de globalización exige que las economías dispongan de una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a unas condiciones cambiantes. Por ello, es preciso modificar la negociación colectiva de manera que sea posible reflejar mejor la situación individual de cada empresa, evitando abusos e injusticias.
  • Puesto que las carencias del mercado laboral español impiden plantearse el objetivo de alcanzar el pleno empleo en el medio plazo, es indispensable concienciar desde edades tempranas a las nuevas generaciones de que el emprendimiento es una opción que va a estar cada vez más presente en nuestra sociedad.
  • UPYD promoverá una racionalización de los horarios, semejante a la del resto de Europa, que facilite la conciliación de la vida familiar y laboral, adecuándose los horarios laborales y lectivos al menos en la Educación Infantil, Primaria y Secundaria y fortaleciendo la lucha contra la discriminación salarial de las mujeres mediante una mayor accesibilidad a servicios de asistencia infantil y cuidado de personas dependientes. Además, se incentivará en las empresas la instauración de sistemas de teletrabajo.
  • Los autónomos han sido tradicionalmente los grandes olvidados de la política española, lo cual ha supuesto que tengan que hacer frente no solo a numerosos problemas propios de su propia actividad económica, sino que también tienen que superar problemas que vienen dados por el gran volumen de trámites administrativos que tienen la obligación de atender. Ello lastra su productividad y eficiencia como agentes económicos, además de dificultar el correcto cumplimiento de todas sus obligaciones. En España, a fecha de 2017, hay más de 3 millones de trabajadores autónomos y con una tendencia al alza de cara al futuro. Parte de ellos son autónomos por vocación, cuya actividad económica hay que estimular.
  • Los trabajadores autónomos cuentan con un trato excesivamente rígido por parte de la Seguridad Social y de Hacienda. UPYD propone flexibilizar el sistema de cotizaciones de los autónomos a la Seguridad Social y hacerlo depender de sus rendimientos netos reales —permitiendo, en su caso, la cotización voluntaria por una base mayor—, incrementándose el número de posibles modificaciones anuales de la base de cotización y permitiéndose en casos tasados —actividades con carga de trabajo estacional— la cotización y tributación por periodos superiores a los actuales.
  • Teniendo en consideración la situación de vulnerabilidad de este colectivo ante eventuales fracasos que deriven en un cese de actividad, se creará una herramienta de protección social que complemente la prestación actual por cese de actividad y que permita que los autónomos que hayan sufrido un fracaso y se acojan a la segunda oportunidad, puedan reemprender con todos los incentivos y medidas de apoyo que tienen los nuevos emprendedores.
  • El modelo energético español adolece de problemas relevantes que es necesario solucionar. En primer lugar, es un modelo ineficiente motivado principalmente tanto por su excesiva dependencia de las importaciones de energías no renovables —petróleo, gas natural y uranio, principalmente— como por el elevado coste de la generación de energía eléctrica debido a la insuficiente capacidad instalada de las centrales de bajo coste frente a la expansión de la capacidad de las de alto coste. En segundo lugar, el reiterado incumplimiento de los compromisos internacionales en cuanto a la emisión de CO2 a la atmósfera. En tercer lugar, un sistema eléctrico unidireccional, basado en grandes centrales generadoras y poca generación dispersa de pequeña escala, que aproveche los recursos energéticos renovables locales. Es ineludible abordar un cambio en el modelo energético que garantice la viabilidad y sostenibilidad de la economía española.
  • La base de la política energética debe basarse en el principio de que la mejor energía es la que no se gasta, es decir, en los principios de ahorro y eficiencia. Así, se elaborará de manera consensuada de un Plan Energético Nacional y el correspondiente diseño del mix energético. Quedarán excluidas aquellas opciones que, de forma científicamente probada, supongan un riesgo significativo para la salud o el medio ambiente. Ello irá acompañado de una transformación del sistema regulatorio del sector de manera que se abra a la competencia en todos sus segmentos, complementada con una reducción progresiva, hasta su eliminación, de las subvenciones de explotación a las empresas del sector y el déficit de tarifa.
  • Para la correcta planificación de la Soberanía Alimentaria o Garantía de Abastecimiento, UPYD propone una revisión intermedia de la PAC en 2017, con los ajustes necesarios para asegurar dicha garantía a partir de las producciones europeas.
  • Ante las políticas europeas orientadas hacia la desregularización, es necesario, para proteger las producciones agrarias de la especulación de los mercados agroalimentarios, dominados por las grandes distribuidoras que mantienen una situación dominante en las relaciones comerciales, realizar mejoras en la aplicación de la Ley 12/2013 para el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que permitan a los productores equilibrar precios en origen con costes reales y que hagan que el consumidor perciba adecuadamente el valor de los productos.
  • Tras la liberalización del sector eléctrico en cultivos de regadío, el incremento de los costes está comprometiendo la viabilidad económica de las Página 28 plantaciones, por lo que es preceptiva la implantación de un contrato de temporada que se adecue a las características de este tipo de cultivos.
  • Se crearán planes de apoyo a las energías alternativas y centrales de biogás en el sector agrario, así como la figura de Explotación Agraria Productora de Energías Renovables, para aumentar la competitividad de las explotaciones y por las grandes ventajas medioambientales que suponen en cuanto a la emisión de CO2 y la eliminación de residuos ganaderos.
  • Se apostará por la Agricultura Ecológica, apoyando la investigación en el ámbito de los Bancos de Germoplasma del Estado y las CCAA y fomentando la comercialización de estos productos en canales cortos.
  • Se fomentará un debate abierto y riguroso, basado en evidencias científicas y económicas contrastables, sobre los beneficios, consecuencias y riesgos de la biotecnología en general y de los transgénicos u OGM (Organismos Genéticamente Modificados) en particular. Se realizarán campañas que den a conocer estos productos a los ciudadanos, elaborando una lista de transgénicos que no tengan ningún tipo de efecto pernicioso según la Organización Mundial de la Salud.
  • Se incentivará la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria como medida para luchar contra el envejecimiento de la población rural y el abandono de tierras productivas.
  • UPYD aboga por el desarrollo de un Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte y promoción efectiva de la intermodalidad y el ferrocarril, mejorando especialmente los trenes de media distancia y la red de cercanías, dedicando especial atención a las conexiones ferrocarril-puertos y a los grandes ejes estratégicos, tales como los Corredores Atlántico y Mediterráneo, el norte de África, Oriente Medio e Iberoamérica, además de al desarrollo de los centros intermodales y a la mejora de la cadena de proveedores de servicios logísticos.
  • Para ello, será preceptiva una evaluación y revisión de todas las infraestructuras de transporte existentes o futuras con arreglo a criterios de coste-beneficio, en términos de los servicios directos e indirectos que prestan y de sostenibilidad energética y medioambiental. Asimismo, se implantará un análisis de viabilidad económico-financiera y social para cualquier inversión pública en infraestructuras, con exposición pública obligatoria de estos estudios y de los criterios seguidos para su elaboración, más un período público de alegaciones.
  • Se revisará la conveniencia de la privatización de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y supeditarla en todo caso a la supervisión y control efectivo por parte de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) para no degradar los niveles de seguridad actuales.
  • Respecto a la vivienda pública, UPYD propone dinamizar el mercado del alquiler, de manera que el dinero público destinado a promoción de vivienda se dedicará de modo exclusivo a esta modalidad y garantizando la protección jurídica tanto del arrendador como del arrendatario.
  • Se incentivará la rehabilitación de edificios y viviendas como forma de contribuir a la recuperación de la construcción residencial y a mejorar el nivel de vida de la ciudadanía, impulsándose Planes Renove que contemplen actuaciones en el interior de la vivienda. Además, se facilitará la negociación entre dueños de casas en estado de abandono con posibles compradores o inquilinos para la venta o alquiler de las mismas viviendas a precios asequibles.
  • Desde las distintas administraciones se promoverán planes de repoblación para aquellas zonas rurales próximas a desaparecer como consecuencia del éxodo poblacional a las ciudadanas, la escasa inversión y, en general, por el envejecimiento de la población que ha habitado desde su nacimiento en esos lugares.
  • UPYD tendrá como prioridad la desestacionalización de la actividad turística española implicando e incentivando al sector para explotar nuevos nichos de mercado que favorezcan la actividad en temporada baja y apoyando de forma decidida el turismo rural y de naturaleza.
  • Además, se impulsará la innovación y el emprendimiento en el sector turístico y se llevarán a cabo programas que permitan un uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las empresas turísticas, mejorando la inteligencia de mercado para hacer un sector mucho más competitivo. Se establecerán medidas fiscales que favorezcan la renovación de la planta hotelera.
  • Se revisará la normativa legal para garantizar la libre competencia entre los diferentes sectores de la oferta turística, sin perjuicio de las medidas que fomenten el turismo de calidad. Planear iniciativas y mecanismos de atención directa al turista y su protección como consumidor.
  • Para ello, será necesario clarificar las competencias entre Estado, comunidades autónomas y entes locales, a través de órganos de colaboración interterritorial funcionales, así como reorientar Turespaña hacia un sistema de trabajo por objetivos adecuadamente monitorizados, para una gestión más eficaz y sin duplicidades.
  • En el arrendamiento de viviendas para uso vacacional, debe protegerse la sana competencia entre la oferta tradicional hotelera y la nueva oferta generada por Internet. Por una parte, hay que reducir la regulación normativa y los costes fiscales del sector hotelero y, por otra, imponer una regulación mínima homogénea a los alquileres entre particulares. Ello supondrá el establecer un marco legal competitivo y adecuado a la realidad de estos modelos digitales de actividad económica.