LO TUYO ES MÍO ; Y LO MÍO, TUYO Y MÍO.

Eso deben de pensar  Roures y Zapatero, el trotskista y el socialdemócrata.  Es la unidad de la izquierda llevada al terreno práctico. Aunque, la verdad, al que mejor le está saliendo la operación es al trotskista. La declaración de amor en exclusiva le ha constado al socialdemócrata algún enfado en su entorno. Pero seguro que terminan arreglándose. Al fin y al cabo, ha quedado claro quién manda que en el mundo de los negocios es lo que importa. Pero, ¿mandará mañana el que manda hoy? ¿Permitirá el ex-amigo principal que le pierda "el respeto" aquel que llegó a donde está directamente de su mano?  En fin, ya veremos como acaba todo.

De momento, los más damnificados por estos líos entre los influyentes amigos del que manda son los ciudadanos y las empresas del sector. Y también, por qué no decirlo, la empresa audiovisual del antiguo amigo principal. Dicen que es de los que ni olvida ni perdona. Ya veremos. Pero, de momento, lo único que está claro es que los platos rotos los pagamos los ciudadanos.

Por si alguien tiene interés concreto, ahí van nuestros argumentos para votar en contra de esta nueva chapuza del Gobierno de Rodríguez Zapatero:

El trece de agosto se reunió de forma extraordinaria el Consejo de Ministro. Sus decisiones fueron de lo más ordinarias, de lo más comunes: aprobaron dos Reales Decretos. Si ordinario fue el método utilizado para legislar (lo que más le gusta a este Gobierno es convertir la excepción en norma), no lo fue menos el contenido: uno de los dos RD, el de medidas económicas, fue rectificado al día siguiente; y el otro, este del que estamos hablando, sólo tenía por objeto hacer un regalo a sus amigos.

Y aquí estamos, en un proceso de ratificación de una dádiva, arbitrada en pleno farragosto, para ver si así pasaba más desapercibido el atropello. Porque la regulación de la TDT de pago se ha llevado a cabo de manera injustificablemente precipitada y perjudica de forma incontestable a la industria española y a los espectadores. No es la primera vez que el sector audiovisual es víctima de la voracidad y el clientelismo del Gobierno; recordemos que también utilizó el verano y el trámite de urgencia para cargarse la televisión pública, el servicio público, modificando el sistema de financiación de RTVE.

Sigamos con el contexto. Que algunos de los numerosos canales que la TDT permite sintonizar en los hogares sean de pago es razonable, entre otros motivos porque el coste de las infraestructuras no es trivial y porque el entretenimiento --que es básicamente lo que ofrecerán los canales-- es un producto industrial-cultural que no escapa a las leyes del mercado. Si ya tenemos TV de pago en otros soportes, como el satélite, el cable o la línea telefónica, nada puede objetarse a que también lo haya en la TDT.

Pero el procedimiento elegido por el Gobierno para regular la tele digital de pago, el decreto ley, no es admisible, por cuanto esa vía está pensada para situaciones excepcionales imprevistas y que no admiten ningún tipo de demora. La TDT de pago debiera regularse en el marco de la ley general audiovisual, que el Gobierno ya debería haber remitido al Congreso. Si el Ejecutivo hubiera hecho los deberes a tiempo y sin improvisaciones, con toda seguridad la implantación de descodificadores y tarjetas para la TDT de pago no tendría los inconvenientes que está experimentando, con muchos ciudadanos interesados sumidos en la confusión y la duda de si sus aparatos actuales son adecuados para ver las emisiones o deben adquirir otro.

Vamos ahora a analizar el contenido. Nos dice el texto del Real Decreto-ley que, para garantizar que la implantación de la TDT sea un éxito, hay que incentivar su consumo por los ciudadanos. Razón por la cual, confundiendo el deseo con realidad, el Gobierno concluye que como los contenidos de pago son más atractivos, los espectadores correrán a digitalizarse, ansiosos de pagar por ver TV. Aunque se trate de los mismos contenidos (fútbol, básicamente) que ahora ofrecen otras televisiones de pago. No importa que el mercado de la TV de pago en España lleve los dos últimos años en un proceso continuo de decrecimiento de abonados. Ni que el presupuesto de gasto de las familias sea cada vez más reducido, dedicado a las necesidades básicas y sin capacidad de ahorro. Ni siquiera que las cifras (reales, reales) nos digan que la TDT ya está más que razonablemente implantada (cobertura: 95,09% a finales de mayo con acceso a los canales nacionales de TDT y más del 69% de edificios con antenas adaptadas para la TDT), pero que, sin embargo, la audiencia de la oferta de canales TDT (gratuitos) aún se mueve en torno a un 35,3%.

¿De verdad pretenden hacernos creer que ofrecer contenidos de pago va a duplicar o triplicar el consumo de TDT? En fin, que una vez más se demuestra que para este gobierno la realidad es lo de menos: lo importante, como en el diálogo de Alicia con Humpty Dumpty, es que quede claro quién es el que manda.

“Cuando yo uso una palabra --insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso-- quiere decir lo que yo quiero que diga..., ni más ni menos.

También nos dice el texto del Real Decreto-ley que la TDT de pago es una vía alternativa de generación de ingresos, que aliviará a los operadores – en medio de la crisis financiera-- de las inversiones requeridas para la digitalización y la reducción de ingresos publicitarios .Pero eso tampoco es cierto: la TDT de pago dinamizará el modelo de televisión sólo si se implanta en el marco de la Ley General Audiovisual, y se tienen en cuenta los plazos y condiciones para que todos los actores (fabricantes, operadores) puedan afrontar el reto en plenitud de capacidades de mercado. Justo lo contrario de lo que se ha hecho. Porque el decreto ley introduce más desorden en un sector que necesita un Ley General que ordene lo que sucesivos caprichos y ocurrencias han ido descolocando. Así pues, la defensa del interés general tiene poco que ver con su decisión de legislar ad hoc y al servicio de sus amigos del sector.

La arbitrariedad del gobierno ha hecho que el sector en su conjunto pierda una gran oportunidad. Con más de 2.600 millones a la vista, los descodificadores de la TDT de pago eran una oportunidad para la industria española, muy bien posicionada, que aspiraba a liderar este apartado a nivel mundial. Los radiodifusores, instaladores y distribuidores de la señal darían un bocado de 1.300 millones a este prometedor negocio, mientras que los productores de contenidos aumentarían su facturación en 750 millones. Y todavía quedarían otros 350 millones para los grandes distribuidores o las empresas de publicidad.

Sin embargo, los aparatos de TDT ya vendidos sólo serán válidos para los canales en abierto.  El sector audiovisual, antes del 13 de agosto, preveía incorporar  en el último trimestre medio millón de equipos preparados para los servicios de pago, que se sumarían a los aparatos que ya incluyen una ranura específica. Pero el Ministerio de Industria no ha elaborado normas con las características técnicas de los descodificadores para que sean abiertos, es decir, compatibles con todas las cadenas que opten por emitir en la modalidad de pago. Y, mientras no estén aprobadas las normas, nadie en su sano juicio se pondrá a fabricar descodificadores.

Por eso la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (Aetic) denuncia que la TDT de pago arranque de la mano de fabricantes extranjeros, dejando a los 3.000 asociados a los que representa excluidos de la posibilidad de que la industria española pueda desarrollar su propia tecnología por esa inexplicable precipitación del Gobierno.

¿Cuál era, pues, la urgencia, en pleno agosto y en un Consejo de Ministros dedicado a la crisis? Sólo una: aprobar este Real Decreto para satisfacer los intereses de un grupo de amigos.

¿Y las consecuencias del capricho?: un sector audiovisual dividido, el estupor porque la TDT de pago se apruebe antes de tiempo y desastrosos resultados para casi todos. Lo único cierto es que ha quedado claro quién manda. Y también ha quedado claro quiénes son los amigos del que manda: 24 horas después de que el Gobierno diera el urgente pistoletazo de salida, una cadena de televisión lanzaba uno de sus dos canales en tecnología digital, Gol TV, dedicado íntegramente al fútbol de pago. Y es que empezaba la Liga.