• La gestión cultural se caracterizará por la flexibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, erradicando el clientelismo político y gremial mediante la profesionalización y despolitización de los gestores culturales públicos. Para ello, UPYD eliminará la duplicidad de las subvenciones y ayudas a las industrias culturales ahora concedidas por diversos ministerios para el mismo fin, evitando las duplicidades de procedimientos y el difícil control de la gestión y las cuentas, tramitando y obtener la financiación necesaria a través del Instituto de Crédito Oficial ICO, creando una línea específica. Así, se dotará de mayor objetividad, transparencia y agilidad al procedimiento de concesión de subvenciones culturales, adaptándolo al ritmo real de las actividades y simplificando las cargas burocráticas.
  • Se pondrá fin a cualquier tipo de ayuda pública otorgada para actos violentos contra animales.
  • Se establecerá un IVA superreducido (4%) para los libros electrónicos, así como entradas de cine, espectáculos, bibliotecas, museos y galerías de arte y compra de discos y películas. Se establecerá un IVA reducido (10%) para la compra de instrumentos musicales y servicios artísticos y culturales prestados por empresas y autónomos a entidades públicas y privadas, cachés, entre otros.
  • Se aprobará una Ley de Mecenazgo específica que promocione la participación de la sociedad civil en el sostenimiento y gestión de la cultura, con medidas de difusión y colaboración público-privada que vayan más allá de los incentivos fiscales.
  • Se fomentará y defenderá el uso y dotación técnica de espacios de titularidad pública, promoviéndose la cesión de estos espacios a compañías teatrales residentes que gestionen, dinamicen y programen actividades de interés cultural y social.
  • Se regulará el vacío legal actual acerca de la reventa de entradas para espectáculos por internet, extendiéndose la misma prohibición que existe para la reventa callejera a la que se realiza por medios telemáticos.
  • Se integrará el Instituto Cervantes en el Ministerio de Cultura dada la naturaleza de sus funciones, que deben de estar integradas en el conjunto de las actividades culturales de Estado.
  • UPYD apuesta por el desarrollo de una nueva Ley de Propiedad Intelectual adaptada a la era digital que defienda la cultura y su difusión como bien social, y que devuelva el control de sus derechos tanto a los creadores como a los usuarios. Será necesaria una nueva regulación de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual para hacerlas más transparentes y homologarlas a sus homólogos europeos. Asimismo, se tratará de evitar la posición de dominio que las entidades ejercen en su campo, tratando de introducir mayor competencia en el sector.
  • Se legitimará el dominio público como espacio para la creación amateur o como opción gratuita de promoción a la creación profesional, priorizando el registro de obras descatalogadas.
  • Se incentivará el mercado de patentes y licencias, evitando la concentración industrial excesiva de los derechos en manos de oligopolios y grandes corporaciones.
  • Se defenderá la neutralidad de la Red, garantizando el derecho de los usuarios de Internet a intercambiar, recibir u ofrecer cualquier flujo de información lícito a través de Internet sin que pueda ser discriminado arbitrariamente por los prestadores de acceso, servicios y contenidos de Internet, reconociendo la legalidad del uso particular de aplicaciones P2P para el intercambio de archivos.
  • Se garantizará de forma efectiva la protección de los datos personales en Internet, reforzando los esfuerzos destinados a combatir los delitos tecnológicos, especialmente en materia de protección a la infancia y la juventud.
  • UPYD impulsará un Consejo Nacional de Medios Audiovisuales (CENA) que supervise el cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual, prevenga las restricciones ilícitas a la competencia certificando una competencia leal y vele por el cumplimiento de códigos de buenas prácticas y autorregulación que fomenten los contenidos audiovisuales de calidad.
  • La Ley General de Comunicación Audiovisual debe garantizar la viabilidad de RTVE y la racionalización de los medios públicos de comunicación autonómicos y locales. Para ello, se estudiarán los presupuestos, los umbrales de déficit, el endeudamiento y el grado de servicio público que ofrecen los medios audiovisuales públicos, con el fin de tomar las medidas correctoras
  • Además, se promoverá la profesionalización y despolitización de los Consejos de Administración de los medios públicos audiovisuales, eliminando los Consejos Autonómicos y asumiendo sus funciones el organismo competente a nivel nacional.
  • Se fomentará la producción propia de RTVE y se establecerá que los eventos de gran demanda social, como acontecimientos deportivos y similares, no se emitan en exclusiva en medios de pago, en especial aquellos que cuentan con subvenciones o apoyo institucional público.
  • UPYD tiene como prioridad promover la actividad física habitual por su importante papel en la salud de todos los colectivos sociales.
  • Se fomentará la utilización de centros deportivos en coordinación con ayuntamientos y otras administraciones, haciendo de ellos Centros Sociales de referencia donde tanto jóvenes como adultos y mayores se puedan reunir para disfrutar del deporte. Además, se implantarán planes especiales para niños en riesgo de exclusión social.
  • Se apoyará y promoverá el asociacionismo deportivo en los Centros escolares mediante programas de promoción deportiva, con la creación de escuelas y clubes deportivos.
  • Se crearán programas de formación social, impulsores del Juego Limpio para profesores y técnicos deportivos, dirigidos a erradicar la violencia y la xenofobia en el deporte, resaltando la importancia de los valores deportivos.
  • Se impulsarán el deporte femenino y el deporte de base Para ello, se regularán legalmente las apuestas deportivas, incrementándose el porcentaje de los ingresos dedicados a promoción de deporte base y deporte femenino.
  • Se regulará el ejercicio de profesiones relacionadas con el deporte, adecuándolas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Personales con el fin de establecer las bases de reconocimiento y acreditación del ejercicio.
  • Se desarrollará una normativa clara para el Deporte Profesional que aborde las vertientes profesional, fiscal, mercantil y de Seguridad Social.
  • En el deporte de élite, se actualizará y mejorará el Plan ADO y revisión de los Centros de Alto Rendimiento y Especializados para los deportistas de alta competición para que mejoren en eficacia y eficiencia.
  • Se endurecerá la normativa contra el dopaje y se dotará a los Centros de Alto Rendimiento y Federaciones de las herramientas necesarias para su control.
  • Se reforzará la tutela y control de las Administraciones sobre la organización y gastos de las Federaciones Deportivas, racionalizando sus cargos directivos y sus dietas y retribuciones. Su actividad y cuenta de resultados deben ser auditadas por el Tribunal de Cuentas y organismos competentes.
  • Se promulgará una ley concursal propia para las Sociedades Anónimas Deportivas. No se saneará con fondos públicos ninguna SAD ni club deportivo profesional, fijando un techo de déficit y un control más eficaz del funcionamiento de estas entidades.
  • UPYD apoyará el desarrollo de la Carta Verde del Deporte Español y de la Estrategia Nacional sobre Deporte y Sostenibilidad, así como de la Agenda 21 del deporte español, mediante una estrecha colaboración entre el Consejo Superior de Deportes (CSD), el Comité Olímpico Español (COE), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, estableciendo un calendario de revisión y actualización de la misma.